En el marco de la 12ª sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar la fracción XII al artículo 26 de la Constitución Política de Tlaxcala, con el propósito de reconocer de manera explícita el derecho humano a la ciencia.
La propuesta establece que toda persona tiene derecho al acceso, desarrollo, difusión y aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos, promoviendo su uso en beneficio de la sociedad. Asimismo, plantea que el Estado y los municipios asuman la obligación de fomentar la investigación, la innovación y la divulgación científica, garantizando que la información generada sea abierta y accesible para la población, sin afectar los derechos de autor y propiedad intelectual ya protegidos en la legislación local.
Al presentar la iniciativa, la diputada Martínez Sánchez destacó que esta reforma es un paso necesario para armonizar la Constitución de Tlaxcala con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde 2019 reconoce este derecho en su artículo 3. Esta iniciativa responde a la necesidad de garantizar el acceso universal a la ciencia como una herramienta clave para reducir brechas sociales, especialmente en sectores vulnerables como personas en situación de pobreza y adultos mayores. La legisladora subrayó que el reconocimiento de este derecho permitirá fortalecer políticas públicas orientadas a la inclusión digital, la democratización del conocimiento y el desarrollo científico como base para una ciudadanía más informada y participativa.
La propuesta también toma en cuenta el marco internacional de derechos humanos, ya que el derecho a la ciencia está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con esta reforma, se busca que Tlaxcala adopte estándares internacionales y garantice que el conocimiento científico sea accesible y utilizado para mejorar la calidad de vida de la población.
Finalmente, la legisladora subrayó que el reconocimiento de este derecho permitirá fortalecer políticas públicas orientadas a la inclusión digital, la democratización del conocimiento y el desarrollo científico como base para una ciudadanía más informada y participativa. Tras su presentación, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
