Claudia Orozco

Los constantes hechos delictivos en Tlaxcala han dejado en evidencia la falta de coordinación entre la Fiscalía General de Justicia del Estado, la policía estatal y las corporaciones municipales.

A pesar de operativos y discursos oficiales que aseguran estrategias de seguridad, la realidad muestra robos, homicidios e impunidad sin respuestas claras ni acciones efectivas.

Casos recientes, como el asesinato de un docente hallado en Chiautempan, el linchamiento de un presunto abusador en Nativitas, el asalto a domicilio de una familia en la comunidad de Tlacomulco o el robo de una motocicleta en Apetatitlán a plena luz del día y sin intervención de las autoridades, reflejan la desorganización de las corporaciones encargadas de la seguridad.

La evidencia es clara, la policía municipal no actúa, la estatal reacciona tarde y la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones sin avances concretos.

A esta problemática se suma la falta de capacitación de los elementos policiacos, quienes en lugar de garantizar justicia y seguridad, en ocasiones obstaculizan el trabajo de la prensa que documenta estos hechos.

Ya que testimonios de periodistas han señalado amenazas y restricciones por parte de agentes, lo que evidencia un desconocimiento del derecho a la información y la libertad de expresión.

Mientras tanto, la violencia sigue al alza y la percepción ciudadana es unánime: no hay confianza en las instituciones, las estrategias de seguridad parecen improvisadas y sin una respuesta contundente ante la delincuencia.

Esta falta de coordinación entre Fiscalía, policía estatal y municipal no solo debilita el combate a la delincuencia, sino que genera un ambiente de impunidad donde los delincuentes operan sin temor.

Hasta ahora, los ciudadanos siguen esperando que las autoridades se pongan de acuerdo y cumplan su labor de proteger y garantizar justicia.