Aldo Romero

La reciente legislación que prohíbe las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México despertó el malestar en los aficionados a la tauromaquia, quienes de forma inmediata se han organizado para evitar que más legislaciones prohibitivas aterricen en las entidades.

En Tlaxcala, los aficionados a la fiesta brava han comenzado a cabildear con atores políticos con el objetivo de blindar a la entidad de intentos de prohibición, bajo el confuso discurso de que la tauromaquia es cultura, identidad y tradición.

Recientemente, en la marcha organizada por taurinos en el municipio de Apizaco, no solo se exigió la defensa de la fiesta brava y la crianza del toro de lidia, sino que se pidió por la libertad de que los menores de edad puedan disfrutar de esta polémica actividad sin restricciones.

“Sí a los niños en los toros”, fue una de las exigencias plasmadas por los taurinos que se movilizaron en la Ciudad Rielara para defender su actividad, movilización en la que participaron menores de edad que portaban consigo pancartas con consignas afines.

Cabe señalar que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, desde el 2014, solicitó a países como México apartar a los menores de la violencia que representa la tauromaquia.

Dicha petición firmada por México en la Convención de los Derechos del Niño, obliga al país a aplicar las medidas necesarias para alejar a las infancias de las actividades taurinas.

Pese a tal recomendación, en México no se han aplicado las acciones necesarias para evitar que los menores se involucren en dichas actividades, y en Tlaxcala no es la excepción, pues incluso se ha permitido a menores de 4 años asistir a corridas, siempre y cuando estén acompañados de un adulto.

Asimismo, se permite que los menores tengan contacto más cercano con la experiencia a través de la preparación en las denominadas escuelas taurinas, lo que comprueba que no se han aplicado las políticas necesarias para alejar a los menores de la tauromaquia y que el debate aún existe sobre si es necesaria una legislación constitucional para evitar que menores de edad acudan a dichas actividades.