TLAXCALA: PENAS MÁS DURAS CONTRA LA DELINCUENCIA
LOURDES ROMERO
Comienzo mi comentario de esta semana resaltando la importancia de la colaboración entre poderes, no solo para avanzar en el fortalecimiento del sistema democrático, sino para asegurar beneficios sociales.
La semana pasada, el Congreso del Estado aprobó dos reformas importantes al Código Penal, impulsadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Se trata de las modificaciones por las cuales, ahora, en Tlaxcala, se endurecen las sanciones contra quienes incurran en cobros indebidos, así como contra quienes permitan o faciliten la operación de los llamados “giros negros” en territorio estatal.
En ambos casos, hablamos de enmiendas necesarias para avanzar en el fortalecimiento de la seguridad y el combate a la corrupción.
Como sabemos, los cobros ilegales atentan contra la economía y el bienestar de las familias tlaxcaltecas. En los últimos años, tuvieron auge esquemas como el “gota a gota”, por el que los delincuentes imponían tasas de interés desorbitadas en préstamos informales, o como el “cobro de piso”, mecanismo extorsivo por el que se exige dinero a negocios a cambio de “protección” o “permiso” para operar.
Evidentemente, estos delitos se sustentan en la violencia, las amenazas y la intimidación, y dañan los ingresos de los hogares, al igual que la estabilidad de los comercios, especialmente, los que funcionan en la informalidad, por lo que era preciso actualizar la normatividad para castigarlos con más rigor.
Además, vale decir que la reforma también va en contra de delincuentes de cuello blanco, es decir, aquellos mal llamados “servidores públicos” que usan su posición para realizar cobros ilegales, lo que implica que, con penas más severas, también se atacarán prácticas de corrupción al interior de las instituciones.
Por otra parte, el aumento de castigos para frenar la aparición de “giros negros”, lugares que ofrecen espectáculos con desnudos y contenido explícito de carácter erótico o sexual, pretende hacer frente a delitos como el lavado de dinero, la explotación sexual y la trata de personas, actividades ligadas con la operación de dichos establecimientos de dudosa reputación.
No es desconocido que Tlaxcala es a menudo señalado por la presunta presencia de lenocinio en municipios de la zona sur, colindante con el estado de Puebla, de ahí el interés de las autoridades por evitar la apertura y funcionamiento de negocios que representan riesgos para la paz y la tranquilidad de las comunidades.
Por todo lo anterior, resulta notable que el trabajo conjunto entre la gobernadora y los legisladores locales responda a necesidades concretas y actuales de la ciudadanía. Y las reformas en materia penal son ejemplo de sus relevantes efetos sociales, porque previenen la expansión de prácticas ilegales que afectan el tejido social.
Ciertamente, la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo es esencial, no únicamente para conseguir la actualización de las leyes, sino para recobrar la confianza en las instituciones, que requieren de mejores instrumentos para impactar eficazmente en la seguridad y tranquilidad de la sociedad.