Claudia Orozco

A tres años de iniciada la actual administración estatal, el balance en distintas dependencias evidencia fallas profundas, omisiones preocupantes y una falta de dirección clara.

Funcionarios como Alberto Perea Marrufo, titular de Seguridad Ciudadana, han sido duramente cuestionados por su inacción ante más de 30 linchamientos en el estado, su negativa a establecer el Mando Coordinado y la falta de preparación policial en derechos humanos.

En el sector salud, el secretario Rigoberto Zamudio Meneses ha sido rebasado por una crisis que incluye desabasto de medicamentos, carencia de personal y equipo obsoleto en hospitales públicos, mientras sus cifras contrastan con las denuncias ciudadanas.

En el área educativa, Homero Meneses Hernández no ha intervenido públicamente ante casos graves en instituciones como la Universidad Politécnica de Tlaxcala, y acumula observaciones de la autoridad fiscalizadora por pagos indebidos sin documentación.

Por su parte, Juvencio Nieto Galicia ha mantenido un bajo perfil pese al alarmante número de incendios forestales provocados, sin que se vislumbre una estrategia efectiva de prevención o control por parte de Protección Civil.

Frente a este panorama, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, ha fallado en su rol como segundo al mando.

Su falta de control y autoridad sobre el gabinete ha derivado en una administración desorganizada, donde cada dependencia parece operar por su cuenta y sin rumbo definido.

La falta de resultados y coordinación entre áreas clave compromete seriamente la gobernabilidad y la atención a las necesidades más urgentes de la ciudadanía tlaxcalteca.