Aldo Romero

Contrario a la reforma prohibicionista que propuso la diputada morenista, Anel Martínez Pérez, con la que se busca prohibir el uso de dispositivos móviles en instituciones de educación básica, la diputada del Verde Ecologista, Maribel León Cruz, propuso una reforma con la que pretende garantizar que las infancias de Tlaxcala tengan el derecho al acceso a las tecnologías de información y de la comunicación.

De acuerdo con la diputada la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), identificó el uso de estas tecnologías para personas de 6 años o más.

Con base a los resultados de esta encuesta, detalló que en 2023 había 97.0 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 81.2 por ciento de la población de 6 años o más, por lo que está comprobado que cada día y desde muy corta edad, niñas y niños hacen uso de las tecnologías.

En el caso de Tlaxcala, expuso que la encuesta reveló en Tlaxcala incrementó el número de usuarios de internet, alcanzando un total de un millón 62 mil 190 personas y que un millón 251 tlaxcaltecas cuentan con un dispositivo móvil.

En ese sentido, la diputada consideró prudente armonizar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, con la ley federal de la materia; a fin de fortalecer el marco jurídico estatal, “con el objeto de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación en la infancia como medio efectivo para ejercer más derechos sin discriminación de ningún tipo o condición”.

Dicha reforma establece que las autoridades tendrán la obligación de garantizar el derecho de acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.

Asimismo, y para fomentar el uso responsable se promoverán políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y de todas las formas de violencia que causen daño a la intimidad, privacidad, seguridad y/o dignidad de las niñas, niños y adolescentes, realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, sin afectar los derechos previstos en dicha ley.