Con el fin de evitar el uso de
medios digitales y redes sociales para extender la jornada escolar de forma desproporcionada y permitir de forma plena el descanso para las y los estudiantes, la Diputada Gabriela Hernández Islas propuso la ley para garantizar el derecho a la desconexión digital a personas estudiantes.
La Diputada morenista mencionó que, cuando no existen reglas, la conectividad puede confundirse con disponibilidad, razón por la que explicó, su iniciativa propone reconocer una frontera razonable entre el tiempo académico y el tiempo personal, para beneficiar a niñas, niños y adolescentes, quienes requieren descanso, convivencia familiar, juego, actividad física, vida cultural y espacios libres de presión escolar para su desarrollo integral.
Aclaró que su iniciativa no pretende expulsar la tecnología de las aulas ni impedir tareas, investigaciones o proyectos, sino que busca que la comunicación digital escolar sea previsible, proporcional, incluyente y respetuosa del descanso, de forma que la innovación educativa avance sin normalizar la conexión permanente.
Argumentó que la ley podría mitigar la brecha digital, ya que todas las personas no cuentan con servicio de internet, equipo propio, datos móviles suficientes, electricidad estable o un espacio adecuado para conectarse, por lo que, en caso de un requerimiento nocturno o de cumplimiento inmediato para estudiantes, este podrá ser sencillo para quienes disponen de varios dispositivos y conectividad continua, pero imposible para quienes comparten un teléfono, dependen de una red pública o sólo pueden conectarse en horarios determinados.
«La brecha digital no consiste únicamente en tener o no acceso a internet. También se manifiesta en la calidad, continuidad y costo de la conexión; Por ello, presumir disponibilidad digital permanente puede traducirse en una desventaja académica injusta… La posibilidad técnica de comunicarse en cualquier momento no significa que exista una justificación pedagógica para exigir atención o respuesta en todo momento», señaló.
En ese sentido, explicó que su propuesta de ley buca concebir el derecho a la desconexión digital estudiantil como la facultad de no leer, atender ni responder comunicaciones académicas digitales fuera de los horarios y periodos institucionalmente definidos, sin sanción, represalia, pérdida de puntos, registro desfavorable o afectación en la evaluación.
Entre las disposiciones de dicha ley se encuentra la facultad que tendrán las instituciones educativas públicas de identificar canales oficiales, informar horarios de atención, programar publicaciones cuando sea posible, fijar plazos suficientes y prever alternativas no digitales o asincrónicas, pues el objetivo es que las tareas puedan realizarse fuera del aula cuando formen parte de la planeación educativa, sean adecuadas a la edad y carga académica, se comuniquen oportunamente y cuenten con un plazo razonable.
«Lo que se impide es utilizar la tecnología para crear obligaciones sorpresivas o exigir reacción inmediata durante periodos de descanso», precisó la legisladora.
En cuanto al impacto presupuestario, la Diputada mencionó que no se requiere crear organismos, plazas, unidades administrativas, fondos, padrones, plataformas, licencias informáticas ni infraestructura adicional, pues su cumplimiento consiste principalmente en ordenar prácticas, definir horarios, programar comunicaciones, informar reglas, otorgar plazos razonables y utilizar mecanismos internos ya existentes para atender inconformidades.
