Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), rechazó tener injerencia en la asignación de proveedores y defendió la transparencia de la institución, luego de los señalamientos sobre una supuesta entrega de contratos millonarios a un funcionario del Gobierno estatal. La funcionaria calificó estos cuestionamientos como “golpeteo político”, aunque no detalló a qué contratos se refieren las acusaciones ni quién sería el presunto beneficiario.
Durante su respuesta, insistió en que su cargo es honorífico y que no tiene atribuciones para intervenir en las decisiones administrativas del organismo. Bajo ese argumento, deslindó su responsabilidad de los procedimientos de contratación y sostuvo que estos corresponden al área de Adquisiciones.
Explicó que, pese a que el SEDIF es un organismo público descentralizado (OPD), la facultad para asignar proveedores se trasladó al área administrativa, con el propósito de someter a las empresas a evaluaciones y procedimientos que garanticen la legalidad y transparencia de las contrataciones.
Espinosa de los Monteros aseguró que incluso ha recibido solicitudes de personas interesadas en convertirse en proveedores, pero afirmó que no ha intervenido para favorecerlas. También sostuvo que no conoce personalmente a las empresas que prestan servicios a la institución.
Como respaldo a su postura, invitó a consultar la información disponible sobre adquisiciones y contrataciones a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, ante los señalamientos sobre presuntos contratos millonarios, su respuesta no incluyó montos, nombres de empresas ni información específica que permitiera contrastar las acusaciones con los procedimientos de contratación.
La presidenta honorífica también aseguró que el SEDIF no ha recibido observaciones hasta el momento. No obstante, la ausencia de observaciones, según su declaración, no constituye por sí sola una explicación sobre los contratos cuestionados, por lo que la revisión de los expedientes correspondientes sería necesaria para conocer las condiciones en que fueron adjudicados.
Finalmente, atribuyó las críticas al contexto político y a las posibles aspiraciones de quienes son mencionados para ocupar otros cargos públicos. Aunque defendió la transparencia del organismo y negó cualquier intervención en la selección de proveedores, el señalamiento de “golpeteo político” no despeja por sí mismo las dudas sobre las contrataciones: la documentación, los montos y los procedimientos de adjudicación son los elementos que permitirían esclarecer el caso.
