Integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos de Guadalupe Ixcotla y mujeres organizadas de esta comunidad acudieron públicamente para informar sobre el avance de la solicitud de revocación de mandato promovida contra la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Angulo Meneses, y los integrantes del Cabildo, al considerar que sus actuaciones han afectado derechos colectivos de comunidades indígenas.
Los inconformes señalaron que el Congreso local aprobó por unanimidad, el pasado 13 de octubre, la integración de una comisión especial que dará seguimiento al procedimiento. Ante ello, entregaron un escrito al diputado David Martínez del Razo para solicitar una reunión de trabajo en la que se establezca un calendario, se revisen las pruebas existentes y se permita incorporar nuevos elementos al expediente.
Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto que se pretende desarrollar en terrenos de la unidad deportiva comunal. Los representantes cuestionaron que distintas autoridades hayan relacionado los trabajos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues aseguraron que existen documentos y declaraciones dentro del juicio de amparo indirecto 1380/2026 que, desde su perspectiva, generan dudas sobre quién ejecuta realmente las obras.
Según expusieron, en un informe presentado ante el órgano jurisdiccional, la representación del IMSS en Tlaxcala habría señalado que el instituto no había iniciado materialmente los trabajos en la unidad deportiva. Añadieron que durante una audiencia del 9 de septiembre, el abogado del organismo habría atribuido las obras al Gobierno estatal, situación que, señalaron, no ha sido aclarada de manera documental por las autoridades.
A este conflicto se suma la inconformidad por la actuación de autoridades municipales dentro de la organización comunitaria. Los integrantes del comité acusaron presuntas intervenciones en asuntos que corresponden a sus sistemas normativos indígenas y cuestionaron la permanencia de José Juan Cuautle Romano como presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, al sostener que la Asamblea General Comunitaria lo habría destituido en diferentes ocasiones.
También afirmaron que personas que acuden al Ayuntamiento de Chiautempan para realizar trámites presuntamente son invitadas o requeridas a firmar documentos relacionados con los procedimientos legales impulsados por dicho representante. Como antecedente, mencionaron el retiro de personas y equipo del campo deportivo número cinco el 13 de marzo, además de la presencia de policías y personal municipal durante ejercicios de consulta realizados en junio, hechos que, según su versión, antecedieron al desalojo de la unidad deportiva ocurrido el 5 de julio.
En materia ambiental, los representantes informaron que la PROPAET notificó el 7 de octubre el cierre definitivo de una denuncia ciudadana presentada en agosto. Ante esta determinación, el 12 de octubre promovieron un recurso de inconformidad para solicitar que se revoque el acuerdo, al considerar que la resolución no explica con suficiente detalle las diligencias realizadas, las pruebas analizadas ni las autorizaciones y elementos técnicos utilizados para concluir que no existían irregularidades ambientales.
El comité también cuestionó las condiciones de infraestructura que tendría el proyecto, principalmente respecto al drenaje y suministro de agua. Afirmaron que hasta ahora no cuentan con información suficiente sobre las soluciones contempladas y advirtieron que el funcionamiento de las instalaciones podría generar impactos sobre la zona y la cuenca.
