El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, Pedro Aquino Alvarado, informó que se mantienen acciones coordinadas con los ayuntamientos para prevenir el depósito ilegal de residuos en barrancas y otros sitios prohibidos, mientras las autoridades competentes realizan investigaciones sobre casos detectados.
Explicó que, como parte de los compromisos asumidos por los municipios, se busca reforzar la vigilancia territorial, capacitar al personal y evitar que trabajadores o prestadores de servicios de recolección incurran en prácticas irregulares. Los operativos se realizan en coordinación con las corporaciones de seguridad estatales y municipales.
Precisó que la atención de estos casos también involucra a autoridades federales, particularmente cuando los residuos llegan a cuerpos de agua de jurisdicción federal, por lo que participan instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Respecto a los costos que enfrentan los ayuntamientos por la disposición final de residuos, señaló que habrá variaciones debido a que anteriormente algunos sitios cobraban por metro cúbico, mientras que ahora el cálculo por tonelada permitirá conocer con mayor precisión la cantidad de basura generada por cada municipio.
Consideró que este esquema también puede incentivar la separación de residuos desde los hogares, el reciclaje y la recolección diferenciada, con el propósito de disminuir los desechos enviados a disposición final y generar algunos ingresos para los ayuntamientos mediante la recuperación de materiales aprovechables.
Aquino Alvarado indicó que algunos municipios han propuesto terrenos para analizar la instalación de infraestructura relacionada con el manejo de residuos y han manifestado interés en atraer empresas del sector. No obstante, advirtió que estos proyectos requieren revisiones técnicas, legales y sociales para determinar su viabilidad.
Como ejemplo, mencionó que en Tlaxcala existen cuatro rellenos sanitarios privados autorizados y expuso el caso de uno ubicado en Calpulalpan, que cuenta con permisos y obras construidas conforme a la normativa, pero no ha iniciado operaciones debido a la oposición de habitantes. Según explicó, la empresa aceptó recibir residuos de municipios a una tarifa preferencial de alrededor de 160 pesos más IVA, frente a una tarifa habitual cercana a 350 pesos más IVA. Su puesta en marcha, sostuvo, podría representar una alternativa para al menos seis municipios, aunque aún es necesario resolver la resistencia social.
