El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra un cobro previsto por el Ayuntamiento de Yauhquemehcan puso nuevamente bajo la lupa las facultades que tienen los municipios para cobrar por licencias y servicios, justo cuando el Congreso de Tlaxcala comenzó a revisar las Leyes de Ingresos que estarán vigentes durante 2027.
La disposición invalidada permitía cobrar 250 UMA, equivalentes a 29,327.50 pesos, por la apertura de determinadas licencias de funcionamiento además de 205 UMA unos 24,48.55 pesos por el refrendo el problema, de acuerdo con la Corte, fue que el municipio pretendía regular mediante esas licencias actividades vinculadas con hidrocarburos y generación de energía eléctrica, materias que corresponden a la Federación.
El caso no es aislado. El Congreso ha reconocido que más de 30 disposiciones incluidas en leyes de ingresos municipales han sido invalidadas por la Suprema Corte, por lo que para 2027 los diputados anunciaron una revisión más cuidadosa de las propuestas. Incluso se retiraron disposiciones sobre hidrocarburos y pirotecnia antes de avanzar en su dictaminación.
El reto para los legisladores será determinar hasta dónde pueden llegar los ayuntamientos para obtener recursos propios sin crear cobros que terminen siendo considerados inconstitucionales. Las iniciativas municipales incluyen impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que determinarán parte de la recaudación de cada ayuntamiento durante el próximo año.
Con la revisión en marcha, el debate ya no se limita a cuánto pretenden recaudar los municipios sino a qué están cobrando, con qué fundamento y si esos conceptos realmente corresponden a sus facultades esa será una de las partes que el Congreso tendrá que resolver antes de aprobar las normas fiscales de 2027.
