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Pobladores de Plan de Ayala y Zotoluca se oponen a la instalación de basurero

Habitantes de las comunidades de Plan de Ayala y Zotoluca iniciaron acciones de organización para impedir la instalación de un centro de disposición final de residuos sólidos en un predio ubicado entre los límites de los municipios de Tetla y Tlaxco, al considerar que su operación podría representar un riesgo para el medio ambiente y la salud de la población.

De acuerdo con los inconformes, el proyecto correspondería al mismo denominado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), cuya instalación fue cancelada anteriormente en la comunidad de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec.

Entre los argumentos que sustentan su rechazo, señalaron que el propietario del predio no ha otorgado la autorización legal para desarrollar el proyecto y que, hasta el momento, tampoco tienen conocimiento de la existencia de estudios de impacto ambiental ni de los permisos federales necesarios para acreditar su viabilidad.

Los pobladores advirtieron que la instalación de este centro podría generar afectaciones ambientales, particularmente por una posible contaminación de los mantos acuíferos de la región.

«Si nosotros permitimos que este proyecto se establezca, vamos a contaminar nuestros mantos acuíferos y no vamos a permitir que eso ocurra», expresaron.

La inconformidad escaló la tarde del pasado domingo 1 de noviembre, cuando se registraron momentos de tensión en los límites de ambas comunidades, luego de que los habitantes reportaran la llegada de camiones recolectores cargados con basura, presuntamente con la intención de comenzar a descargar residuos sólidos provenientes de otros municipios.

Ante esta situación, los pobladores se organizaron para cavar zanjas en los accesos al predio, con el propósito de impedir el ingreso de camiones y otros vehículos oficiales. Estas acciones propiciaron la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Hasta el momento, el predio permanece bajo vigilancia de habitantes de las comunidades aledañas, quienes mantienen su rechazo a la instalación del proyecto, al asegurar que no fueron debidamente informados o consultados.

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