La Diputada Gabriela Hernández Islas presentó una iniciativa de reforma con la que buscará que toda infraestructura sea adecuada para la diversidad humana, identificando riesgos y corrigiendo desigualdades que afectan de forma desproporcionada a determinados grupos.
Hernández Islas señaló que la desigualdad en infraestructura se fija en una localidad sin ruta peatonal continua, una parada sin conexión accesible, un centro de salud con desniveles, una oficina con información incomprensible y una plaza sin iluminación adecuada. Aseguró que dichas ausencias en la infraestructura limitan el ejercicio de los derechos pese a que el servicio exista administrativamente.
«La infraestructura puede acercar oportunidades o convertir la distancia, el tiempo y el riesgo en costos que solo algunas personas están obligadas a soportar», expresó.
Señaló que la necesidad de avanzar hacia una infraestructura «plenamente accesible e incluyente» encuentra sustento en la realidad demográfica de la entidad, pues de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Tlaxcala se identificaron 54 mil 323 personas con discapacidad, equivalentes al 4 por ciento de la población estatal, de las cuales 52.3 por ciento eran mujeres y 47.7 hombres.
Asimismo, la diputada expuso que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, señaló que 7.1 por ciento de la población de cinco años y más en Tlaxcala presenta discapacidad.
Lo anterior, mencionó, pone en evidencia la dimensión social de ese sector de la población y la necesidad de que las políticas de infraestructura, movilidad, equipamiento y espacio público incorporen de manera transversal los principios de accesibilidad universal, diseño para todas las personas e inclusión.
En ese sentido, explicó que su iniciativa de reforma busca garantizar el principio de accesibilidad universal a fin de que los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos y elementos sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad, comodidad, autonomía e igualdad.
Asimismo, plantea la aplicación de un diseño universal en productos, entornos, programas y servicios, a fin de que estos sean utilizables por todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación o diseño especializado, sin excluir las ayudas técnicas para grupos particulares cuando se requieran
La Diputada detalló que la infraestructura de diseño y accesibilidad universal deberán estar sujetos a una «evaluación de impacto de inclusión y seguridad» para identificar, prevenir, mitigar y dar seguimiento a barreras, desigualdades y riesgos diferenciados que una obra puede generar o perpetuar por razón de sexo, género, discapacidad, edad, condición de cuidado, origen, territorio u otras condiciones.
De esa forma, aseguró, la inclusión y la igual en infraestructuras estarán garantizadas, reduciendo las omisiones y el abandonó institucional que limitan el acceso y el pleno goce de los derechos.
