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Arremete Antonio Martínez contra la oposición y defiende a Lorena Cuéllar por asumir el costo político de una crisis heredada

El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, arremetió contra las legisladoras Miriam Martínez, del PAN, y Anabell Ávalos, del PRI, por sus críticas ante la crisis de basura que enfrenta la entidad, al recordar que las irregularidades ambientales de cuatro rellenos sanitarios se arrastran desde 2004, durante administraciones de ambos partidos.

El funcionario cuestionó que ahora las representantes de la oposición se presenten como críticas de una problemática que, de acuerdo con el posicionamiento gubernamental, sus propias fuerzas políticas dejaron avanzar durante años sin concretar la regularización de los sitios de disposición final.

Desde la Coordinación de Comunicación calificaron de «cinismo político» los señalamientos de las legisladoras, particularmente porque hoy exigen soluciones ante una crisis cuyas irregularidades, sostiene el gobierno, no aparecieron de la noche a la mañana, sino que se acumularon durante administraciones anteriores.

En el caso del PAN, el cuestionamiento adquiere relevancia frente a la postura de Miriam Martínez, quien ha señalado al gobierno estatal por el manejo de los residuos, mientras el Ejecutivo le recuerda que su partido también tuvo oportunidad de intervenir cuando gobernó y que, según la versión oficial, no hizo lo necesario para corregir las deficiencias ambientales.

Antonio Martínez Velázquez defendió a la administración de Lorena Cuéllar al sostener que está asumiendo el costo político y operativo de enfrentar un problema heredado, en lugar de limitarse a señalar a quienes estuvieron antes en el poder.

El revire gubernamental coloca al PAN y al PRI frente a su propio historial, pues mientras sus representantes exigen explicaciones por la crisis ambiental, el gobierno estatal les reclama no haber atendido las irregularidades que, según su versión, vienen desde 2004.

No obstante, más allá del intercambio de acusaciones, la administración de Lorena Cuéllar también enfrenta el reto de demostrar que cuenta con una solución efectiva. Haber heredado el problema no la exime de resolverlo, pues mientras los partidos se disputan las responsabilidades, los municipios y la ciudadanía siguen esperando respuestas concretas sobre el destino final de sus residuos.

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