Una nueva denuncia de presunta violencia digital y revictimización encendió la inconformidad contra las autoridades del Plantel 01 del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT), ubicado en El Sabinal, donde una estudiante habría sido sancionada con una suspensión temporal luego de denunciar que compañeros extrajeron fotografías íntimas de su teléfono celular.
El caso comenzó a generar indignación entre madres de familia y usuarios de redes sociales, donde circulan diversas denuncias que señalan un presunto encubrimiento por parte de directivos y cuestionan el trato que recibió la menor, cuya identidad debe mantenerse protegida.
De acuerdo con los testimonios difundidos, algunos compañeros habrían obtenido imágenes privadas del dispositivo de la estudiante con la intención de exhibirla. No obstante, en lugar de recibir protección y acompañamiento, la alumna habría sido suspendida después de que su madre acudiera al plantel para exigir una explicación y justicia por lo ocurrido.
A la situación se suma el señalamiento de que la madre de uno de los alumnos involucrados habría confrontado y agredido verbalmente a la estudiante dentro de la institución, lo que incrementó los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y protección que ofrece el plantel.
Las denuncias también cuestionan los criterios disciplinarios del COBAT, pues mientras se aplican suspensiones por incumplimientos relacionados con el uniforme o la apariencia personal, las presuntas agresiones contra la intimidad de una estudiante habrían recibido una respuesta que, según los denunciantes, terminó perjudicando a la víctima.
Ante estos señalamientos, usuarios y familiares exigen la intervención de la Dirección General del COBAT, la Secretaría de Educación Pública del Estado y los organismos de protección de derechos humanos para investigar tanto los hechos denunciados como la actuación de las autoridades escolares.
El caso coloca bajo escrutinio los protocolos de atención a la violencia digital y de género dentro de las instituciones educativas. La prioridad debe ser proteger a la estudiante, evitar su revictimización y esclarecer si hubo omisiones o responsabilidades de los directivos, sin trasladar a la menor las consecuencias de una agresión que debe investigarse.











