La Diputada Maribel Cervantes Hernández, presentó la propuesta de exhortó dirigida a los 60 ayuntamientos del estado para que que ajusten sus cobros multas y sanciones administrativas a Unidad de Medida y Actualización (UMAs) no en salario mínimo, con la finalidad de evitar cobros excesivos e injustificados.
Cervantes Hernández recordó el caso del Juez Municipal de Zacatelco que fue exhibido por un actor político y ampliamente difundido por medios locales que pretendió aplicar el cálculo de una multa en salario mínimo, lo que provocó que ascendiera a 4 mil 95 pesos.
La crítica en torno al funcionario municipal desató críticas y cuestionamientos, lo que derivó en su destitución. El antecedente, expuso la legisladora, permite identificar la importancia de revisar los criterios utilizados por las autoridades municipales encargadas de imponer sanciones económicas.
Señaló que, desde una perspectiva social, la aplicación de parámetros de cobro incorrectos puede generar afectaciones económicas a la ciudadanía, particularmente a aquellas personas que carecen de conocimientos jurídicos o de recursos suficientes para impugnar las determinaciones de las autoridades.
La Diputada señaló que la armonización normativa no debe entenderse como una modificación exclusivamente terminológica, sino como un proceso integral, pues consideró que de poco serviría sustituir formalmente salario mínimo por la UMA en los ordenamientos municipales si las autoridades responsables de determinar y ejecutar los cobros continuaran utilizando criterios incompatibles con el marco constitucional.
En ese sentido, señaló que su propuesta de exhortó busca que los 60 ayuntamientos se abstengan de utilizar el salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar multas, sanciones administrativas, tarifas y demás obligaciones económicas ajenas a su naturaleza laboral, en aquellos supuestos en los que constitucional y legalmente corresponda aplicar la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El exhorto va dirigida en específico a las tesorerías, juzgados municipales, áreas jurídicas y demás dependencias competentes.












