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Aborto en Tlaxcala: persisten barreras pese al avance legal, señala Derechos Humanos

Tras las diferencias registradas el jueves en el Congreso del Estado entre grupos religiosos provida y colectivas feministas por el tema del aborto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) advirtió que, pese a los avances legales, todavía existen pendientes para garantizar el acceso efectivo a la interrupción segura del embarazo.

A través de un posicionamiento denominado “La interrupción del embarazo en Tlaxcala, avances y pendientes», el organismo recordó que el 2 de diciembre de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024, con la que declaró inválidos los artículos 242 y 243 del Código Penal estatal.

El pronunciamiento se da luego de que integrantes de un grupo religioso provida ingresaran al Patio Vitral del Congreso para irrumpir en un encuentro de colectivas feministas y manifestar su rechazo al aborto, lo que generó momentos de tensión entre ambas posturas.

Ante este escenario, la CEDHT señaló que la interrupción del embarazo debe abordarse como un asunto de derechos humanos y salud pública, por lo que la despenalización no es suficiente si no existen servicios médicos accesibles, personal capacitado, insumos y atención confidencial, digna y libre de discriminación.

También destacó que las mujeres deben contar con información clara y científica sobre sus opciones de atención, así como mecanismos de protección ante posibles negativas o retrasos en los servicios de salud.

Entre los pendientes, el organismo señaló la necesidad de que el Congreso local armonice la legislación estatal con los parámetros constitucionales y que las autoridades sanitarias garanticen servicios oportunos, sin imponer denuncias, autorizaciones ministeriales o requisitos injustificados.

Finalmente, advirtió que la objeción de conciencia del personal médico no debe convertirse en un obstáculo para recibir atención. De esta manera, mientras el debate sobre el aborto continúa generando posturas encontradas en Tlaxcala, la Comisión recordó que el reconocimiento legal debe traducirse en condiciones reales para ejercer los derechos reproductivos.

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