Ciudad de México. El vigésimo primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa revocó este viernes la suspensión provisional para publicar la norma que regula el etiquetado de alimentos y bebidas, por lo que el sector empresarial indicó que seguirá haciendo uso de recursos legales para evitar la aplicación de la normatividad.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señalaron que fueron notificados sobre la decisión de esa instancia. Ello ocurre unos días después de que informó que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa otorgó la suspensión provisional en lo que se determina si el proceso de la NOM 051 fue realizado con apego a la ley y bajo los principios de transparencia, democracia e inclusión.

“Respetamos la decisión del Tribunal, sin embargo, reiteramos que seguiremos haciendo uso de todos los recursos legales a nuestro alcance para hacer valer los derechos a la información y la salud de los mexicanos”, apuntó la iniciativa privada.

A lo largo de la elaboración de la NOM-051, el sector privado mexicano ha manifestado su inconformidad en el proceso de creación, consulta pública y revisión de la norma, pues argumenta que no fueron consideradas las recomendaciones basadas en evidencia técnica-científica.

“Se impuso una propuesta ideológica que no contempla la diversidad de la industria de alimentos y bebidas, además de no considerar que el problema de sobrepeso y obesidad es multifactorial.”

Reiteró que el etiquetado aprobado no contribuirá a resolver los problemas de salud relacionados con la obesidad y el sobrepeso, ya que elimina información para la toma de decisiones de los mexicanos a la hora de elegir sus alimentos.

La IP argumenta que el comité de trabajo se conformó a modo y sin cumplir con lo establecido en la Ley Federal sobre metrología y normalización, en tanto que los responsables del proceso no transparentaron quiénes integraron el comité de expertos ni quién redactó el anteproyecto de norma.

Ademas ha señalado que los integrantes del grupo de trabajo no tuvieron acceso a los más de 5 mil comentarios recibidos en la consulta pública, a pesar de ser la norma más comentada en toda la historia de México.