Redacción

Con la publicación de la política que limita los espacios de energías renovables, la Secretaría de Energía (Sener) y el gobierno federal abrieron la puerta a una lluvia de amparos, demandas y litigios administrativos de empresas privadas directamente involucradas en ese ramo que operan o buscaban participar en el país.

Gonzalo Monroy, analista y socio director de la firma especializada GMEC, advirtió que no hay duda de que los recursos legales vendrán, y se van a tener que mediar no sólo en juzgados mexicanos, sino también ante instancias internacionales, lo cual, dijo, sienta un mal precedente para el sector eléctrico nacional, pero en general para la nación.

“Al involucrar a embajadores de la Unión Europea y Canadá, el asunto adquiere relevancia internacional”.

Ana Lilia Moreno, analista en materia de competencia y regulación, consideró que el acuerdo es violatorio a tratados internacionales y normativas locales, como la Ley de la Industria Eléctrica.

Por su parte, Aldo Flores-Quiroga, quien fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener, indicó: “Está confirmado: el gobierno mexicano trabaja para sus empresas nacionales de energía, no al revés. [Es] un ejemplo más de captura regulatoria del Estado. Pierden los consumidores y contribuyentes”.

Lucía Ojeda, profesora en Competencia Económica del CIDE, dijo que los tratados internacionales protegen las inversiones extranjeras.

La Sener argumentó hace dos días que el acuerdo de Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional fortalecerá a ese órgano.

La dependencia aclaró que trabaja en medidas correctivas para abordar el desbalance que existe entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda, problema que se agravó con la pandemia del Covid-19 y provocó una reducción drástica de la demanda de los sectores industrial y comercial.

De acuerdo con datos de la secretaría, la capacidad instalada de generación de 80 mil megawatts (MW) supera en 30 mil a la demanda máxima instantánea del sistema, “que en la semana 26 de 2019 alcanzó un total de 50 mil MW.

“Eso compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de Salud durante la emergencia”, se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En relación con la incorporación de las energías limpias, puntualizó que ésta debe darse “mediante la intervención y apoyo necesario de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento”.

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que la política de confiabilidad no vulnera el Estado de derecho, porque no se cambian las leyes, sino que mejoran las reglas de aplicación para proteger el interés general ante la pandemia.

En la última Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 que publicó la administración anterior, se esperaba adicionar 30 mil 241 MW de capacidad de generación con tecnologías renovables. En 2019, según sus estimaciones, se registraría el mayor nivel de capacidad a instalar, como resultado de las tres primeras subastas eléctricas de largo plazo.

La política de la Sener impone una serie de pruebas y limitaciones a nuevas centrales de generación de energía renovable, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares considerados congestionados o con poca capacidad de transmisión.

Embajadores de la Unión Europea y de Canadá mostraron su preocupación, tras criticar que se atenta contra la inversión en el sector, estimada por ellos en 6 mil 850 millones de dólares, tomando en cuenta 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados.