• Los imputados fueron asegurados el pasado 14 de junio por el delito de extorsión en el municipio de Cuapiaxtla.
Redacción
Los trabajos de inteligencia operativa, labores de campo y análisis de la información, permitió a oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto (UIDAI) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ejecutar una orden de aprehensión en contra de cinco personas como presuntos responsables por el delito de secuestro agravado.
Los sujetos puestos a disposición ante la autoridad judicial son investigados por los hechos radicados durante los primeros días del mes de junio del año en curso, cuando la víctima denunció que varias personas lo privaron de su libertad.
Sin embargo, luego del intercambio de información y negociación con los familiares, la víctima fue liberada sana y salva.
No obstante días posteriores, el afectado recibió llamadas telefónicas de las mismas personas que días antes lo privaron de la libertad, exigiéndole dinero en efectivo a cambio de no hacerle daño a él y a su familia.
De esta manera presentó la denuncia ante el Agente del Ministerio Público por el delito de extorsión y tras montar un sigiloso operativo por parte de la Policía de Investigación en el municipio de El Carmen Tequexquitla, se logró la captura de quienes dijeron llamarse Frank N., Laura N., Luis N., Georgina N., y Andrea N., por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.
Asimismo el Agente del Ministerio Público al validar las pruebas fehacientes consiguió que el Juez de Control librara la orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en contra de los cincos imputados.
Así, durante el desarrollo de la audiencia inicial, los imputados se sometieron a la duplicidad del término constitucional y se les impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.
Es así como la Procuraduría de Tlaxcala, ratifica su compromiso con la sociedad tlaxcalteca de esclarecer diferentes delitos a través de las herramientas jurídicas y operativas necesarias para erradicar la impunidad.
