Redacción
Un juez federal libró orden de aprehensión en contra de Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; Frida Martínez, colaboradora de Miguel Ángel Osorio Chong, y 17 exfuncionarios más, por delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 2 mil 500 millones de pesos.
Fuentes oficiales indicaron que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al domicilio de Orta Martínez para ejecutar su aprehensión pero no lo localizaron.
El exfuncionario está en calidad de ilocalizable al igual que Frida Martínez, excolaboradora de Osorio Chong y quien fue secretaria de la extinta Policía Federal antes de que Orta Martínez llegara a ese puesto.
Las órdenes derivaron de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra 19 personas por un supuesto desvío de recursos y compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología para espionaje.
La orden fue emitida por un juez federal en el Estado de México y, según el expediente, las acusaciones tuvieron origen en las auditorías realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a petición de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte del proceso de transición y extinción de la Policía Federal en 2019, en las que se detectaron irregularidades en la compra de equipo de inteligencia, armas, chalecos, uniformes y vehículos para la desaparecida corporación durante ese periodo.
De los hallazgos de la SFP destacó la compra de un sistema de inteligencia por 2 mil 458 millones de pesos el 23 de diciembre de 2015, a través de la partida 33701 de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que se efectuó sin cumplir los procedimientos establecidos para la adjudicación de contratos y adquisiciones públicas.
Esta operación dejó un adeudo a la SSPC por mil 300 millones de pesos. Informó que la partida 33701 no sólo fue utilizada de manera irregular por la PF sino que en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) se detectó un desvío de más de 102 millones de pesos.
