Redacción
Con la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica el gobierno de México se pretende realizar una expropiación indirecta que se traducirá en electricidad más cara, contaminante y más subsidios, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Esto aumentará la caída de la inversión que llega al país, además de que la “iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”, coincidieron el CCE y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Por una parte, el CCE dijo que es “inexplicable” que no hubo diálogo con los sectores que se afectarán, además de que los daños son mayúsculos porque “abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas” al generar un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de electricidad, con lo que es violatoria a la Constitución.
“Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente”, lo que provocará el inicio de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
Por otra parte, “viola la no retroactividad de la ley” porque ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de particulares, lo que alejará inversiones.
Asimismo, va contra las garantías de certeza jurídica de debido proceso y de contratación pública, e incluso va contra los fallos del poder judicial federal.
“El CCE y los organismos que lo integran, exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica”.
Por su parte, la Concamin dijo que “obligar a consumir electricidad de mayor costo no es bueno para el consumidor mexicano ni para México”, por lo que debe rechazarse la propuesta.
De aprobarse se “condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, frenando la tan necesaria inversión que el país requiere”.
