Redacción
En Chihuahua existen irregularidades en los fondos que se distribuyen para ciertos sectores. Se trata de 22.6 millones de pesos en salud, 74.1 millones de pesos en materia de educación, 8.7 millones de pesos en seguridad y 23.8 millones de pesos en infraestructura, dijo en entrevista Ana María Lambarri, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Mencionó que la Auditoría Superior de la Federación encontró en el estado irregularidades por 129 millones de pesos en 2019, de los cuales sólo se han podido recuperar 100 mil pesos derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Dichas irregularidades se encuentran en seis de los ocho fondos que componen el ramo 33 de aportaciones, que son recursos etiquetados que van a fines específicos.
“Esto quiere decir que no se comprobaron los gastos en algunos de estos fondos; por ejemplo, estos millones de pesos no se aclararon porque no existen comprobantes o quizá no se destinaron al propósito que tenían; esto no representa el total de los recursos que recibió la entidad, representa únicamente lo que no se han podido aclarar, entonces el estado debe aclarar dónde está ese dinero”, dijo Lambarri.
Explicó que hasta el 20 de febrero de 2021 la ASF publicó los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. A partir de dichos hallazgos, a nivel nacional, el IMCO encontró que las entidades tienen pendiente acreditar el destino de 12 mil 506 millones de pesos en recursos etiquetados que les transfirió la Federación.
Detalló que en el caso de Chihuahua, siendo una entidad con próximas elecciones, no es obligatorio que el gobernador saliente aclare el destino de dichos recursos, tal situación obedece a un acuerdo que se hace entre el Gobierno de la entidad y la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, se debe decidir cuál es el procedimiento para que dichos recursos sean devueltos a la Tesorería.
“Desde el IMCO proponemos que en los estados se actualicen los marcos jurídicos para reforzar programas de vigilancia del gasto público porque no debería haber recursos por aclarar, por ejemplo, algo que es de aplaudir es el caso de Querétaro que no tiene ni un solo peso por aclarar; los estados deben replicar buenas prácticas, en esta entidad lo que están haciendo es tener unidades de vigilancia como sistema de control para asegurar que los recursos se destinen realmente para su fin en cada sector y no se desvíen a otras partidas”, explicó Lambarri.
Finalmente aclaró que es la ASF la encargada de dar seguimiento y estar pendiente de dónde quedaron los recursos y detrás de cada uno de los entes públicos auditados para que se desplieguen ciertas observaciones, se hagan las aclaraciones o bien exista una responsabilidad sancionatoria.
