El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado esta semana en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel, insistió ayer en su inocencia y dijo que es el pueblo quien debe juzgarlo, al tiempo que su defensa presentó una primera apelación contra el fallo. El hecho aumenta la incertidumbre para elecciones de 2018 en Brasil, en las que el ex mandatario se perfilaba como ganador.

La defensa de Lula entregó el viernes por la noche la primera respuesta formal contra la condena en su contra determinada por el juez Sérgio Moro, en que solicitó esclarecer “omisiones, contradicciones y oscuridades” existentes en el proceso.

El ex presidente fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero en un caso que involucra a un apartamento tríplex en la ciudad de Guarujá.

En un documento presentado en la Justicia Federal de Curitiba, la defensa de Lula ve, por ejemplo, una omisión con la pena aplicada y una contracción y oscuridad al descalificar las declaraciones de testigos de la defensa. En total, los abogados presentaron 10 cuestionamientos al juez Moro.

“La sentencia embargada dedica largos párrafos (…) para promover ataques contra el ex presidente Lula y sus defensores”, escribieron los abogados Cristiano Zanin Martins, Roberto Teixeira, José Roberto Batochio y Valeska Teixeira Zanin Martins.

Los pedidos de la defensa del ex presidente tendrán que ser analizados por el propio juez Moro. Los abogados aún pueden apelar a la condena de Lula ante el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región.

En la primera sentencia de los tres procesos en que Lula es acusado por la operación Lava Jato, Moro también determinó la prohibición de que el ex presidente ejerza cualquier cargo público por siete años, el doble del tiempo de la pena impuesta por el crimen de lavado de dinero. Sin embargo, tras su condena, el ex mandatario anunció que tratará de ser candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) el próximo año.

De ese segundo fallo dependerá la eventual candidatura de Lula para las elecciones previstas para octubre de 2018, ya que si la sentencia fuera ratificada antes de que se inicie el proceso la ley le impediría explícitamente postular a cualquier cargo público.

Aunque no existen plazos legales para un juicio en un tribunal superior, lo habitual es que un trámite de esa naturaleza en Brasil demore entre uno o dos años, lo que deja la eventual candidatura del ex mandatario bajo en duda.

El ex presidente insistió ayer en que la sentencia que lo declaró culpable de corrupción es “política” y producto de lo que califica como una “persecución” que atribuye a sus adversarios.

“Mientras [los jueces y fiscales] no prueben nada contra mí, voy a recorrer este país para que ustedes me juzguen”, dijo Lula a un grupo de seguidores durante un acto del Partido de los Trabajadores (PT). “Sólo el pueblo puede juzgarme”, reiteró el ex mandatario, ante su intención de postular otra vez a la presidencia.

La de Lula era la única candidatura previsible para esos comicios, pero la sentencia de esta semana complica sus posibilidades. “Si alguien piensa que con esta sentencia me sacan del juego, pueden saber que estoy en el juego”, aseguró.

La ausencia de Lula en las elecciones de 2018 daría un vuelco radical en el panorama, ya que él aparece como virtual ganador, aunque tendría que disputar una segunda vuelta.

De acuerdo con un sondeo de intención de voto divulgado en junio por la firma Datafolha, el ex mandatario obtendría en la primera vuelta 30% de los sufragios, el doble que sus rivales.