COMPROMISO CON LAS MUJERES: POLÍTICA DE ESTADO
LOURDES ROMERO
En Tlaxcala, los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género han pasado del discurso a las acciones concretas, como la instalación de la Mesa para el Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género, un ejercicio que pondrá bajo la lupa resoluciones judiciales en casos de pensión alimentaria, violencia familiar, violencia sexual y feminicidio.
Esta iniciativa, encabezada por el Gobierno del Estado, en coordinación con el Poder Judicial, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, apunta a revisar si las decisiones de jueces y magistrados cumplen con estándares nacionales e internacionales de protección, lo que, sin duda, es un paso relevante en un terreno en el que las sentencias suelen ser definitivas, porque rara vez se revisan para detectar sesgos.
Desde el gobierno de Lorena Cuéllar, el mensaje fue directo: ninguna mujer estará sola, porque el Estado acompañará a las víctimas para garantizar justicia, protección y reparación del daño.
Con esta mesa, las autoridades relacionadas con el acceso a la justicia para las mujeres buscarán identificar desigualdades dentro del sistema judicial y eliminar prácticas que vulneren sus derechos, es decir, que la labor de revisión se convertirá en la vía para fortalecer criterios y corregir deficiencias, con el objetivo principal de lograr la reparación integral de daño a las víctimas, la base de una justicia efectiva.
Ciertamente, impartir justicia con perspectiva de género ya no es una expectativa social: es una exigencia institucional, por lo que no se trata de un asunto menor. Mediante el estudio de sentencias, las instituciones locales evaluarán su desempeño, no solo en términos jurídico-administrativos, sino de impacto en la vida de las mujeres afectadas por la violencia.
Así, el compromiso con las mujeres se convierte en política pública: encontrando aciertos y errores en los expedientes para avanzar hacia una justicia reparatoria. Y lo mejor es que no lo harán las autoridades de modo unilateral, sino con la colaboración de expertas y especialistas que brindarán su ojo crítico para establecer si en las sentencias hay estereotipos, si se aplican los estándares correctos, y si se garantiza la protección de mujeres y niñas.
La dimensión del reto no se limita a esta mesa. Tras el arranque de los 16 días de activismo, el gobierno estatal ha desarrollado actividades significativas, como la jornada territorial que encabezó la mandataria Lorena Cuéllar en San Francisco Tetlanohcan, donde escuchó testimonios y acercó información sobre programas de atención en domicilios del municipio; la adhesión del estado al Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres del gobierno federal, y el pronunciamiento a favor de los derechos de las mujeres indígenas durante la participación en la conferencia magistral de la activista zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza.
Más allá de los actos protocolarios, Tlaxcala está enviando un mensaje importante: combatir la violencia contra las mujeres requiere revisar los cimientos del sistema de justicia, tener contacto directo con ellas en sus localidades para hacerles saber que las instituciones están a su alcance, y reflexionar sobre los lastres culturales que históricamente ha minimizado este fenómeno.
