Georgina Ballesteros

Con el fin de complementar la recién aprobada Ley anticorrupción en el estado de Tlaxcala, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD),  propuso este día al pleno del Congreso del Estado la iniciativa por la que se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tlaxcala, la  cual establece un procedimiento para la investigación, análisis y en su caso, sanción de los actos de corrupción en los que pueden incurrir tanto los servidores públicos, como los particulares en sus relaciones con los entes de los gobiernos.

Y a fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, además de que cada uno de los servidores públicos cumpla con las atribuciones y las obligaciones que la ley les confiere, y que su comportamiento ético propicie confianza en las instituciones creadas en beneficio de la población.

Lo anterior luego de que una de las principales demandas de la sociedad es la solución inmediata y eficaz contra la corrupción, asociada a la impunidad, lo que provoca falta de  credibilidad hacia la clase política y a las instituciones.

Por ello es que la propuesta de la bancada del Sol Azteca establece regular los procesos de adquisiciones de bienes y servicios además, así como las obligaciones de los servidores públicos, donde destaca la presentación de las declaraciones patrimoniales, tanto de intereses como fiscal, y los mecanismos para su publicación.

La iniciativa contempla además los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos; faltas administrativas graves y no graves, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares.

Así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Los perredistas destacaron que un periodo transitorio de 90 días para su entrada en vigor, esto mientras concluye el mayor número de expedientes pendientes de resolver y se hacen los ajustes pertinentes en las dependencias y Tribunal a quienes compete aplicar la Ley”.

En ese sentido, está pendiente la expedición de las leyes secundarias para que el Sistema Estatal Anticorrupción esté acorde al Sistema Nacional, es por ello que el Congreso del Estado tiene a más tardar en diciembre de este año para que apruebe la reglamentación y con ello entre en funciones a partir de enero del 2018.