- Entre las dos personas sentenciadas, tendrán que purgar una condena acumulada de 37 años de prisión.
Redacción
Con base a los elementos de prueba aportados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se consiguió que jueces penales otorgaran dos sentencias condenatorias a igual número de imputados por el delito de homicidio calificado, por lo que el primero de ellos fue condenado a 17 años de prisión, y el segundo a 20 años.
Esto gracias al trabajo especializado por parte del Agente del Ministerio Público, quien aportó las pruebas contundentes dentro de los procesos penales correspondientes, aunado a las pruebas científicas realizadas por peritos en sus distintas ramas, lo que acreditó la plena culpabilidad de los ahora sentenciados.
En primera instancia, los hechos que permitieron el fallo judicial ocurrieron en 2003, cuando derivado de una riña en el interior de un bar ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, una persona del sexo masculino perdió la vida.
Con esta información, el grupo de expertos de la dependencia encargada de procurar justicia se abocaron a esclarecer este delito, por lo que en diciembre de 2016, se logró la aprehensión de Salvador N., presunto involucrado en el homicidio.
Es por ello, que como parte del seguimiento oportuno a todas las indagatorias, el fiscal continuó aportando pruebas dentro de la indagatoria, mismas que comprobaron la culpabilidad del imputado; situación que permitió que el Juez de la causa lo sentenciara a 17 años de prisión y una multa de 40 días de salario mínimo vigente en el estado.
El segundo caso y de acuerdo con el expediente, en enero de 2015, los oficiales de la Policía de Investigación capturaron a Juan N., ya que participó activamente en el homicidio de una quincuagenaria perpetrado en el municipio de Xaloztoc, en diciembre de 2014.
Luego de recabar las evidencias necesarias, el Representante Social determinó consignar al indiciado; además, continuó engrosando la indagatoria con datos pruebas y testimonios, que permitieron al Juez de la causa condenarlo a 20 años de prisión y al pago de una multa de 1440 días de salario mínimo.
A través del puntual seguimiento a cada una de las denuncias, la Procuraduría General de Justicia del Estado, ratifica su compromiso de agotar todos los medios jurídicos, legales y de investigación, con el propósito de garantizar la paz social a la sociedad tlaxcalteca.
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