• Se analizó en este caso sobre dar a conocer el nombre de los funcionarios, por las consecuencias del prestigio y la honra, pero se llegó a la decisión unánime de abrir la información y entregar la versión pública.

Rubén Hernández

Aunque ya se resolvió la semana pasada ante los diputados del Congreso de la Unión, que se deben abrir los 109 juicios políticos que habían sido desechados en marzo pasado, el avance de estos procedimientos quedaron detenidos o en proceso, por lo que se exige dar esta información, sostuvo el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, al evidenciar que se analizó el caso de dar a conocer el nombre de los funcionarios involucrados y que ante la decisión unánime, se deberá abrir la información y entregar la versión pública.

Al respecto el comisionado  presidente del INAI explicó en su visita a Tlaxcala para participar en la “Décima semana de la transparencia estatal”, “fue un asunto que se resolvió la semana pasada, ahí lo que hubo o lo que se puede decir es que se pedía esa información porque es una información que se tiene ahí en el registro de mecanismos para juicio político pues 109 funcionarios”, expuso.

En tanto señaló, “el estado que lleva el avance de esos procedimientos que quedaron por parecer detenidos o en proceso y se hizo una resolución, en la que se exige naturalmente que se pueda dar esa información”, indicó.

Al respecto añadió, “hubo una variante ahí en la tipología de la información, algunos tenemos la convicción de que se trate de instrumentos de juicio político, una vez que no se han resuelto porque no se resolvieron quedaron inconclusos”, dijo están en procedimiento.

Por lo que refirió, sobre el nombre de los funcionarios “ahí hay una división  del tema, algunos dicen que deben de ser revelado también, algunos consideramos que se trata de un enjuiciamiento que tiene consecuencias en el prestigio y en la honra de aquellos para los que se hecho andar”, pero que señaló se ha determinado.

Empero agregó, “una vez que no esté resuelto con firmeza pues no debería de mencionarse el nombre completo”, de ahí que refirió “en eso hubo una derivación, pero finalmente la decisión es unánime que se abra esa información y sé que se entregue en versión pública porque lo que importa en este caso es el mecanismo”, sostuvo.

Finalmente comentó, que se trata de 109 casos en los que se inició un procedimiento para llevar a juicio político a funcionarios que podrían o no merecer esa condición, culminó.