POR CARLOS RAMIREZ

De un plumazo y con la vocería del cuestionado presidente nacional del PRI, la alianza opositora inventada por la Coparmex y el empresario ultraderechista Claudio X. González dio un paso audaz y controversial: pasar del modelo de la cohabitación en el sistema de representación al patrón de la dictadura de las minorías.

Agobiada por la derrota contundente en las gubernaturas de 2021 y 2022, la alianza PAN-PRI-PRD decretó una moratoria de reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, sin que se sepa si también será en el Senado, aunque dejando la puerta abierta a cualquier tipo de reformas a leyes que solo requieren mayoría absoluta de 51% y no la calificada de 67%.

La decisión opositora cometió uno de los errores estratégicos más importantes de su existencia: cerrar la puerta a la discusión de la reforma político-electoral que ha diseñado el presidente de la República y su partido Morena, pero en medio de quejas concretas en el sentido de que la elección del 5 de junio pasado estuvo plagada –para rubor y vergüenza del INE de Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón– de mapacherías y que sin reforma del Instituto se repetirán los vicios en la presidencial del 2024 afectando a la alianza opositora.

La reforma electoral, además de la reorganización del Instituto para regresarlo a sus funciones exclusivas de organización de elecciones y alejarlo de la tentación de una especie de vicepresidencia democrática de la nación, se monta sobre la salida de Córdoba y Murayama y otros dos consejeros más por haber cumplido su período legal en abril del año próximo y la necesidad de nombrar a otro consejero presidente que gestione la elección presidencial del 2024. La moratoria opositora congelará los nombramientos pendientes, pero la mayoría morenista podrá reducir el presupuesto del INE y cerrar oficinas del Instituto que rebasan sus facultades, con el efecto negativo para la oposición.

La alianza opositora tuvo un éxito político con la negativa a aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica, pero no detuvo el proceso de reorganización de la Comisión Federal de Electricidad y sus objetivos de reducir la privatización del servicio y regresar la preponderancia del Estado; con o sin votación en el Congreso, la reforma eléctrica se está aplicando en los hechos y ahí la oposición carece de instrumentos para impedirlo.

En este contexto, la moratoria legislativa de la oposición es un salto al vacío y entrega el poder legislativo a la mayoría absoluta de Morena y sus aliados, sin tomar en cuenta para nada la agenda de demandas opositoras. Además, la moratoria le puede restar votos a la oposición porque se trata de un acto de rebeldía que rompe con la estabilidad entre poderes y convierte a la minoría en una dictadura de minorías que pretende imponerle voluntades a la mayoría.

El sistema unitario priísta operó de 1920 a 1988 y debió obligar a la oposición y al propio PRI a construir una reforma de sistema/régimen/Estado/Constitución para administrar los nuevos equilibrios de la pluralidad. La derrota del PRI, PAN y PRD en 2018, la expansión territorial de morena ahora con 22 gubernaturas, la posibilidad de ocho más en 2023 y 2024 y las expectativas de Morena para ganar la presidencial de 2024 condujeron a la oposición a la decisión radical de romper el equilibrio de poderes con acusaciones de cerrazón al gobierno lopezobradorista.

Lo paradójico de la moratoria es que se trata de una conducta radical que antes había desarrollado y aplicado sin rubor el PRD de Cárdenas y López Obrador como oposición y que solo significaron golpes espectaculares de imagen sin ningún efecto en el sistema de toma de decisiones. Con esas actitudes, el PRD del pasado no solo se aisló de los equilibrios sistémicos, sino que ahuyentó muchos votos por conductas radicales que rompen el ritmo constitucional. Imponer la dictadura de las minorías para impedir reformas constitucionales de manera sencilla anula la función del poder legislativo como mecanismo de aprobación de leyes. En términos constitucionales, el equilibrio entre partidos confiere el Congreso la condición de constituyente permanente, solo que ahora la minoría opositora aliada la Coparmex e inventada por el empresario ultraderechista Claudio X. González se niega a cumplir con su función de garante del funcionamiento de la Constitución.

El paso de la cohabitación a la dictadura de las minorías será el tema determinante en las elecciones presidenciales de 2024.