M. Hernández
De acuerdo con un iniciativa que presentó el diputado Juan Manuel Cambrón Soria, al Senado de la República, para que se de pie a la creación de una Fiscalía, a consecuencia de las negativas de las instancias gubernamentales en agilizar el proceso.
En su oficio, destacó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que hay gran número de carpetas de investigación de las cuáles la mayoría no llegan a sentencia, consecuencia de procesos deficientes en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Además, que Tlaxcala punto con otras entidades son de las pocas que aún cuentan con una Procuraduría, mientras que el resto ya tienen una Fiscalía, lo que pone en evidencia un amplio rezago en la impartición de justicia en el estado.
Cabe señalar que en notas anteriores, El Periódico de Tlaxcala dio a conocer a través de testimonios de trabajadores de la Procuraduría, que no se cuenta ni con las herramientas ni la capacitación adecuadas para el desempeño de sus funciones.
Ya que aseguran, se contrata a personal que no cuenta con la capacitación necesaria para desempeñar estos cargos lo que a su vez provoca que haya rezagos en las investigaciones, y no permite que la ciudadanía pueda acceder a una correcta impartición de justicia ya que los delincuentes terminan siendo beneficiados al salir gracias a un proceso deficiente.
También trascendió que una de las razones por la cual no se elimina la figura de la Procuraduría, sobre todo es porque la actual administración estatal tiene pactos políticos con Ernestina Carro Roldán, por lo que no puede ser movida de su cargo, ya que con la creación de una Fiscalía, ella dejaría de encabezar la dependencia estatal al desaparecer la PGJE.
La propuesta de Cambrón Soria, es la creación de la Fiscalía General del Estado como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Y que el procedimiento de designación de la titular se realice con base en una convocatoria, que emitirá el Congreso del Estado, para que se obtenga al menos una lista de seis aspirantes, con paridad de género.
Dicha lista será sometida a un procedimiento de evaluación, realizado por un grupo de académicos e investigadores especializados en procuración de justicia, con reconocimiento estatal y/o nacional, quienes seleccionarán una terna, que deberá aprobar al menos el 80% de los créditos.
Para que finalmente, el Congreso pueda elegir a la o el Fiscal con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.
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