· Pretende orientar el costo de contratación de la Plataforma Digital del Sistema Estatal de Verificación Vehicular y a la integración del Fondo Estatal de Protección al Ambiente.
El legislador Jorge Caballero Román integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 160 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
En la máxima tribuna tlaxcalteca, el legislador destacó que “los programas de verificación vehicular son precisamente la política pública más desarrollada en materia de restricción de emisiones contaminantes generadas por vehículos”, haciendo especial énfasis que es un compromiso de los gobiernos, mitigar las acciones contaminantes y controlar las fuentes móviles que dañan el ambiente.
Caballero Román, puntualizó que “los patrones climáticos están cambiando los niveles del mar y los niveles del mar están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia, si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo va a aumentar unos 3 grados centígrados este siglo”.
En ese sentido, el legislador morenista, recalcó que deben quedar claros los mecanismos financieros a este programa por parte de los particulares, por lo que se debe regular el cobro de la prestación de servicios de plataforma por cada certificado probatorio emitido por las unidades de inspección de emisiones contaminantes.
En ese sentido la iniciativa presentada tiene por objeto establecer los lineamientos y requisitos que debe cumplir el software requerido en la operación de las unidades de inspección de agentes contaminantes vehiculares, además de que se busca consolidar por medio de la norma correspondiente el pago de derechos por concepto de implementación del programa de verificación vehicular en el estado de Tlaxcala.
Es así que se busca armonizar la legislación ambiental correspondiente, regulando de manera clara el cobro de derechos por concepto de verificación vehicular, consolidando su fuerza legal administrativa y financiera.
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
