· Busca armonizar el marco jurídico de nuestra Entidad en materia de justicia administrativa.
En la máxima tribuna local, la legisladora Laura Alejandra Ramírez Ortiz, representante del Partido Alianza Ciudadana (PAC) de la LXIV Legislatura del Congreso de Tlaxcala, presentó ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Con esta ley la diputada busca que se actualice y armonicen las disposiciones del Sistema de Justicia Administrativa con las del ámbito federal, a fin de que los particulares no enfrenten diversidad de requisitos, procedimientos y normas de procedimiento en la tramitación de asuntos de orden federal con los del orden local y por otra parte, cuenten con un medio de defensa de tipo jurisdiccional que les permita impugnar en juicio los actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos, que además les garantice una verdadera eficacia en su defensa.
Lo anterior, debido a que la posibilidad de que las autoridades administrativas emitan resoluciones que afecten el interés público o bien contravengan disposiciones legales en perjuicio de los particulares, implica que se pueda deteriorar el espíritu de servicio que debe prevalecer en la Administración Pública, por lo que, resulta indispensable que nuestro orden jurídico establezca las instituciones procesales que hagan posible la tramitación por parte de los particulares de los asuntos de su interés, y que les dé certeza jurídica en cuanto a requisitos y el procedimiento a seguir.
Durante su intervención, Alejandra Ramírez Ortiz, señaló que “ la presente iniciativa está correlacionada con la iniciativa que, en esta misma fecha, presenté ante esta soberanía, para expedir la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tlaxcala, de tal forma que ambas tiene por objeto armonizar el marco jurídico de nuestra Entidad en materia de justicia administrativa.Como se ha expuesto en la anterior iniciativa, las reformas constitucionales que instituyen el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, obligaron a la creación de los tribunales de justicia administrativa en cada Entidad Federal, cuyo objeto es entre otros, es resolver con facultades jurisdiccionales las controversias entre las autoridades administrativas y los particulares.”
Esta propuesta de Ley consta de seis títulos y ciento dos artículos, misma que se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictaminación.
