Con la ausencia de representantes del Congreso de la Unión, fue presentado el Informe de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, que busca una reestructuración del sistema pues el existente no funciona, aseguraron los académicos creadores del trabajo.

En representación de la sociedad civil, a través de Una Fiscalía que Sirva y Vamos Por Más, María Amparo Casar, aseguró que no existe pretexto para postergar la creación de la Fiscalía General, “salvo la falta de voluntad política”.

“Hoy está abierta la puerta para entablar una decisión de Estado, no de gobierno ni de partidos, sino del futuro de la Fiscalía General de la República”, sentenció.

Reprochó que en medio de la crisis de seguridad, no hay procurador,
fiscal anticorrupción, fiscal de delitos electorales,magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entidad encargado de las faltas de corrupción.

“Tampoco tenemos avances en la reconstrucción de las instituciones que sus inexistentes titulares deberían estar encausando”, añadió.

“Es de lamentar, y eso es mal augurio, que hoy hayan quedado vacías dos sillas, que no nos acompañen quienes tienen en sus manos la facultad de discutir y la llave para aprobar las reformas necesarias, los representantes” del Congreso de la Unión, agregó.

Ante representantes del Instituto Nacional Electoral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de Investigaciones y Docencia Económica y del Instituto Nacional de Ciencias Penales propusieron continuar con la implementación del Sistema Penal Acusatorio y reformas de artículos constitucionales.

“Proponemos seguir implementando la reforma de 2011 sin retroceso, y en paralelo emprender una transformación de la procuración de justicia que implica la reforma de cuatro artículos constitucionales, 21, 102, 116 y el 73. Un rediseño conjunto de las instituciones de procuración de justicia nacional y un código penal único… Lo que ahora quiero advertir es que el reto es grande y la propuesta ambiciosa”, dijo el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte.

De acuerdo con Sergio López Ayllón, director general del CIDE, el informe denuncia tres deficiencias en el sistema de procuración de justicia: falta de una visión sistémica de la seguridad pública y justicia penal; problemas estructurales en todas las procuradurías del país y deficiencias en la generación y uso de información.

En tanto, Gerardo Laveaga, director general del Inacipe, recalcó que ante la perspectiva de contar con una fiscalía general autónoma, es necesario articular una colaboración con las distintas instituciones encargadas de la procuración de justicia.

“La Consulta Nacional representa una oportunidad inmejorable para unir fuerzas legisladores, jueces, servidores públicos, académicos, litigantes y, sobre todo, sociedad civil, para apuntalar nuestro Estado Democrático de Derecho”, detalló.

El informe fue entregado a Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad; a Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y a Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR.