Juana Martínez

Consternación es lo que se ha generado luego de que El Heraldo asumiera el control de Radio Altiplano, pues activistas y diferentes medios locales han revivido el debate de posibles actos de privatización que el gobierno estatal de la denominada Cuarta Transformación ha realizado en dos años de administración.

En el debate vuelve a surgir el tema del cambio en la administración del servicio de salud para sindicalizados, pensionados y jubilados, el cual le otorgó a una empresa privada, acción de la que aseguran los afectados, no les fue consultada con anticipación.

Dicho cambio, de acuerdo con justificaciones de la autoridad estatal, era inminente ante colapso financiero en el que se encuentra Pensiones Civiles del Estado.

El segundo caso, es el intento que existe desde el Congreso del Estado para privatizar los servicios de distribución del agua potable.

Lo anterior con la iniciativa propuesta por la diputada Marcela González Castillo, titulada Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que, según la interpretación de expertos en temas hídricos y activistas, tiene el objetivo de entregar dichos servicios que el estado debe brindar a particulares.

La iniciativa referida ha sido condenada en foros y desde la máxima tribuna del Senado de la República.

El nuevo caso es lo ocurrido con Radio Altiplano, que representaba hasta el momento la única radio pública del estado más pequeño del país, acción de la que hasta el momento se desconoce postura de la autoridad estatal.