En Estados Unidos, 54 mexicanos tienen sentencia de muerte, de ellos uno está a punto de cumplirla, Rubén Cárdenas Ramírez. Su muerte está programada en Texas para el miércoles 8 de noviembre, plazo que tiene el Gobierno mexicano para demostrar que no se cumplió el debido proceso.

El subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, informó que a través del consulado de McAllen, se solicitó la suspensión de la ejecución, por anomalías en el debido proceso.

Explicó que pidieron la revisión del caso, además de que se han enviado varias peticiones de clemencia, incluyendo una del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

“El hecho de que haya una violación al debido proceso por un lado, y por otro lado a la Convención de Viena y no tener la posibilidad de dar una entrevista con un funcionario consular de entrada, es una violación”, señaló en conferencia de prensa.

El subsecretario aseguró que no se juzga cuál fue el delito, sino la falla en el procedimiento sancionatorio del connacional, lo cual “es un acto ilegal”.

Cárdenas, quien fue condenado a la pena de muerte por la violación y muerte de su prima hermana, esta recluido en una cárcel de Texas, donde se espera que el miércoles sea ejecutado.

Sada también informó que desde el año 2000 se creó el Programa de atención a mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, el cual ha atendido —desde su creación— mil 150 casos, de los cuales mil 14 han evitado la pena de muerte, lo que representa un 88 por cierto de éxito del programa.

Expertos de la ONU piden detener ejecución de mexicano en Texas
​
Desde Ginebra, expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones solicitaron al Gobierno de Estados Unidos detener la ejecución del mexicano por no tener un juicio justo.

“Si la ejecución planeada se realiza, el Gobierno estadounidense habrá aplicado la pena de muerte sin cumplir con los estándares internacionales de Derechos Humanos”, dijeron Agnes Callamard, relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, y Elina Steinerte, vicepresidenta del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias.

Los expertos aseguraron que existen irregularidades en el proceso de sanción de Cárdenas Ramírez, ya que en los primeros días de su detención, en 1998, no tuvo acceso a algún abogado o atención consular.

El hombre de 47 años, originario de Irapuato, Guanajuato, tiene desde el 8 de agosto la orden de ser ejecutado el 8 de noviembre por inyección letal en el Pabellón de la Muerte del presidio Allan B. Polunsky de Livingstone, a 120 kilómetros de Houston.