Fabiola Márquez
El inicio de 2026 dejó al descubierto debilidades estructurales en las corporaciones policiacas municipales de Tlaxcala, luego de que la entrada en vigor de nuevas disposiciones federales, a partir del 1 de enero, provocara múltiples renuncias de elementos en distintos ayuntamientos, generando descompensaciones operativas en varias policías locales.
De acuerdo con Máximo Hernández Pulido, coordinador del C5i, este fenómeno fue consecuencia directa de los nuevos requisitos establecidos en la legislación federal, los cuales obligan a los municipios a cumplir estándares más estrictos en materia de certificación, registro y evaluación del personal policial.
Pese a este escenario, las autoridades estatales descartaron que se trate de una crisis de seguridad, al señalar que ya se encuentra en marcha la programación de exámenes de control y confianza para la incorporación de nuevos elementos en los 60 municipios del estado. Estas evaluaciones, precisaron, se realizan con recursos federales y forman parte de los compromisos que Tlaxcala debe reportar ante la Federación, por lo que su aplicación está garantizada.
No obstante, el mayor rezago se concentra en el cumplimiento de la fracción segunda de la nueva normativa, la cual establece que el 100 por ciento de los policías municipales debe estar inscrito en las bases de datos nacionales. Este requisito resulta clave, ya que de su cumplimiento depende la portación legal de armas, al estar directamente vinculado con la Licencia Oficial Colectiva. Actualmente, solo el municipio de Tlaxcala capital cumple al cien por ciento con esta disposición.
A ello se suma el incumplimiento de la tercera fracción, que obliga a que al menos el 80 por ciento del personal operativo cuente con evaluaciones aprobadas. Este objetivo aún no se alcanza en la mayoría de los ayuntamientos, situación que no solo limita la capacidad operativa de las corporaciones, sino que también impacta directamente en el acceso a recursos federales.
Y es que la evaluación del Sistema Nacional de Seguridad Pública resulta determinante para que los municipios puedan recibir financiamiento. Del Fondo Federal de Paz, el 20 por ciento se destina a los ayuntamientos, mientras que del FOPIR el 100 por ciento, pero únicamente para aquellos que logren al menos el 75 por ciento de cumplimiento de los criterios establecidos.
Hasta el momento, solo algunos municipios como Atltzayanca, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Huamantla y Tenancingo, entre otros, cumplen con los parámetros exigidos. Ante este panorama, se informó que los presidentes municipales ya fueron notificados y recibirán acompañamiento técnico mediante los enlaces del C3, con el objetivo de acelerar los procesos de certificación institucional.
Las autoridades precisaron que las certificaciones se otorgarán de manera gradual, conforme cada municipio acredite el cumplimiento de las nuevas disposiciones y obtenga la validación correspondiente por parte del Centro Nacional de Certificación.
Finalmente, advirtieron que este diagnóstico corresponde apenas a uno de los más de 150 artículos que integran la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que anticipa mayores retos administrativos, operativos y financieros para los ayuntamientos de Tlaxcala en los próximos meses.
