Ineludible la reforma al poder judicial
Vicente Morales Pérez
En el corazón de toda democracia, el poder judicial se erige como el baluarte que garantiza la imparcialidad, la justicia y el equilibrio de poderes. Sin embargo, cuando observamos el estado actual de nuestra judicatura, no podemos ignorar las evidencias de un sistema que, a menudo, se percibe como alejado de los principios de equidad y transparencia que todos deseamos. La reciente propuesta de reforma al poder judicial, que ha desatado manifestaciones y protestas, se enfrenta a un momento crucial que debe ser comprendido en su totalidad para que podamos avanzar hacia una justicia verdaderamente justa y accesible.
En primer lugar, debemos confrontar el hecho de que la elección de ministros, magistrados y jueces ha sido históricamente un proceso opaco y cuestionable. La influencia de intereses políticos y económicos en estos nombramientos ha llevado a una judicialización de la política que debilita la confianza en nuestras instituciones. La reforma propuesta busca democratizar y transparentar este proceso, eliminando los vicios del clientelismo y el amiguismo que han ensuciado nuestra administración de justicia. La idea de que este cambio pueda parecer amenazante para algunos, especialmente para aquellos beneficiarios de un sistema que ha operado a su favor, no debería ser razón para abandonarlo.
La propuesta de reforma pretende modernizar y hacer más equitativo el proceso de selección, permitiendo una mayor participación ciudadana y estableciendo mecanismos de control y balance que promuevan la imparcialidad. Esta democratización es un paso crucial para asegurar que los jueces y magistrados sean verdaderamente representativos de la sociedad y no simplemente reflejos de un entorno político cerrado y exclusivo. Si queremos un poder judicial que actúe en beneficio del pueblo y no de unas élites, este tipo de reformas son indispensables.
En cuanto a la desaparición de privilegios y la reducción de salarios elevados, esta también es una medida que encuentra su justificación en la búsqueda de una mayor justicia social. No podemos seguir permitiendo que el sistema judicial esté plagado de salarios desproporcionados y concesiones millonarias que lo distancien de la realidad de la mayoría de los ciudadanos. La realidad es que mientras muchos trabajadores enfrentan dificultades económicas y luchan por obtener un salario digno, algunos miembros del poder judicial disfrutan de beneficios que resultan completamente desproporcionados. Este desbalance no solo es éticamente cuestionable, sino que también socava la confianza en el sistema judicial. La percepción de que el poder judicial está integrado por individuos que gozan de privilegios indebidos puede fomentar una desafección hacia la justicia, haciendo que las personas vean al sistema como una entidad alejada de sus realidades y necesidades.
La oposición a estas reformas puede tener varias raíces, pero una de las más visibles es la resistencia al cambio por parte de aquellos que se benefician del statu quo. Es natural que quienes tienen algo que perder se opongan a las reformas que amenazan sus privilegios, pero debemos preguntarnos si nuestras instituciones deben estar diseñadas para proteger los intereses de unos pocos o para servir al interés general.
Es imperativo que entendamos la reforma no como una mera política de austeridad, sino como un proceso de regeneración institucional. La visión de la Cuarta Transformación (4T) es clara: construir una nación donde la justicia y el poder judicial sirvan a todos por igual y no a unos pocos privilegiados. Esta visión está en sintonía con los principios de equidad y justicia social que la mayoría de los ciudadanos valoran profundamente. Las manifestaciones realizadas el día de ayer en la Cámara de Senadores son una muestra de su desesperación ante lo inminente, la reforma judicial será aprobada. Acontecimientos como los del martes 10 de septiembre nos demuestran la necesidad de expresarnos y de oponernos de forma enérgica cuando nos sentimos agraviados; sin embargo, como servidores públicos e integrantes del poder judicial, su deber institucional es actuar de forma diferente.
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