• Empresas prestan servicios sin que se requiera su presencia y llevan unidades involucradas en accidentes a lugares específicos.

Isabel Miranda

Ante el aumento de las quejas por costos abusivos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SECTE) analiza la situación de los corrales municipales y eventualmente emprender una revisión e incluso el cierre de los mismos.

Estos espacios se entregan por las nuevas administraciones municipales hacia un particular, sin que se revise antes su estatus, es decir, si cumple con las disposiciones legales para operar, lo que en muchos casos origina que las personas que se ven involucrados en un accidente de tránsito, tengan que ir a recoger sus unidades en el corralón en que lo deje una empresa de arrastre.

Sin embargo, cuando el afectado tiene que realizar el pago resulta exorbitante el costo, situación que  ha provocado que muchas personas acudan a la dependencia para denunciar esta situación.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, contiene en el artículo 40 fracción XII la facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, para otorgar concesiones y permisos a los particulares para establecer corralones o encierros oficiales, vigilar su funcionamiento y operación; así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas.

Pero fue hasta agosto de 2014 cuando se expidió el Reglamento de Corralones o Encierros Oficiales y Servicios Auxiliares del Estado de Tlaxcala, en el que se establecen lineamientos precisos para ese tipo de empresas.

Una de las principales quejas, son las arbitrariedades principalmente en el arrastre de la grúa que generalmente pertenece al mismo corralón, así como en el pago de piso, parámetros que nunca están claros para el usuario. Lo mismo sucede con los servicios de grúas estatales que literalmente cobran lo que quieren por atender un siniestro.

Por lo que se requiere se regule debidamente la custodia, conservación y devolución de los vehículos, las normas aplicables a los vehículos abandonados, así como las infracciones y sanciones, con la finalidad de otorgar certeza jurídica tanto a los prestadores de los servicios como a la ciudadanía en general.