Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, reveló que la Fiscalía de Nueva York le propuso aceptar un acuerdo de culpabilidad que supondría pasar en prisión seis meses, obtener beneficios económicos y convertirse en testigo para señalar a personas e instituciones de México, de acuerdo con el contenido de una carta que compartió su abogado con CNN.
García Luna, que había sido detenido en diciembre de 2019 y fue acusado por la Fiscalía de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa mientras estaba en su cargo, dijo no haber aceptado el trato porque suponía el debilitamiento “del desarrollo, la paz pública y la vida institucional del país”, según afirmó en la comunicación manuscrita.
“La reacción fue explosiva”, escribió.
El abogado de García Luna, Cesar de Castro, confirmó a CNN el contenido de la misiva, pero aclaró que el gobierno de México no tuvo nada que ver con la propuesta.
Un vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a CNN que no haría comentarios sobre el acuerdo, y los fiscales del caso no respondieron a la solicitud de una reacción.
Esta es la primera vez que el exfuncionario se comunica con la prensa desde que fue detenido y declarado culpable en febrero de 2023 por participar en una empresa criminal continua, conspiración para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos, y haber hecho declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses de inmigración. García Luna siempre ha sostenido que es inocente.
Las afirmaciones del exfuncionario, quien alguna vez estuvo en la cúspide de la seguridad en México, llegan a tres semanas de que se anuncie la sentencia en su contra, que podría ser de entre 20 años de cárcel a cadena perpetua.
El exsecretario de Seguridad habló también sobre las condiciones del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, el lugar donde está preso, con internos considerados “extremadamente peligrosos, violentos o propensos a escapar”, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“He estado detenido en MDC Brooklyn N.Y. por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas, he presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad; fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento”, describió.
Detalló que en dos ocasiones tuvo compañeros de celda que lo grabaron durante más de 2.000 horas en un intento por involucrarlo con el narcotráfico o algún otro delito, aunque asegura que luego el juez desestimó esos audios en el proceso.
El Buró de Prisiones de Estados Unidos no respondió a las preguntas de CNN sobre las condiciones que denunció García Luna.
Reitera su inocencia
En la carta, García Luna reiteró su inocencia y afirmó que las pruebas presentadas en su contra en el juicio, que empezó en enero de 2023 y duró cerca de seis semanas, no acreditan los delitos que se le imputaron.
La defensa presentó una moción para que se anule el juicio en la que afirma que, desde que se dio a conocer el veredicto del jurado, han salido a relucir nuevas pruebas que, en su criterio, serían favorables para su cliente y desmontarían el caso presentado por la Fiscalía.
La moción afirmaba que podían demostrar que varios testigos clave de la Fiscalía hicieron declaraciones falsas en el estrado, y que durante el proceso la Fiscalía habría violado la jurisprudencia contenida en el caso Brady vs. Maryland, según la cual la supresión de la evidencia que podría favorecer a un acusado constituye una violación al debido proceso.
Sin embargo, los fiscales acusaron al exjefe de seguridad de intentar sobornar con US$ 2 millones a sus compañeros de prisión a cambio de dar declaraciones falsas y de testificar a su favor.
También argumentan que las supuestas nuevas pruebas de la defensa eran conocidas o deberían de haber sido conocidas por el acusado antes del juicio.
A principios del mes pasado, un juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York negó la solicitud de los abogados para tener un nuevo juicio afirmando que “ninguno de los argumentos presentados es suficiente para un nuevo juicio”.
La carta de García Luna hace mención sobre los presuntos vínculos del presidente Andrés Manuel López Obrador con líderes del narcotráfico, algo que salió a la luz en el juicio durante el contrainterrogatorio a Jesús “El Rey” Zambada, testigo de la Fiscalía, a quien De Castro le preguntó si en 2007 este declaró haber entregado millones de dólares para la campaña electoral de 2006 a través de un intermediario.
Zambada respondió que nunca dijo eso, mientras que López Obrador dijo que analizaba presentar una denuncia contra De Castro por daño moral afirmando que no permitiría que se pusiera en duda su honestidad, pero hasta ahora ni el mandatario ni el gobierno de México han concretado esa acción.
