La división de poderes no es sinónimo de crisis

Vicente Morales Pérez

La división de poderes es un principio fundamental en cualquier democracia, diseñado para evitar la concentración del poder y garantizar el equilibrio entre las distintas ramas del gobierno. En México, este principio se manifiesta a través de tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno con funciones específicas que contribuyen al funcionamiento del Estado.

El Poder Ejecutivo, hoy encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, es responsable de la administración pública y la ejecución de las leyes. Su función principal es asegurar que las políticas públicas se implementen de manera efectiva, defendiendo los intereses de la ciudadanía. Pero en este caso, es también responsable de la defensa histórica de la voluntad del pueblo de México, de nuestra democracia y del 2o piso de la Cuarta Transformación.

El Poder Legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, se encarga de crear y modificar leyes. Este poder representa la voz del pueblo y es crucial para la formación del marco normativo que rige la vida en sociedad.

Finalmente, el Poder Judicial es el encargado de aplicar las leyes. Su labor es garantizar la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos. Entre ambos deben existir dos condicionantes: igualdad y contra peso. La igualdad garantiza justamente ese proceso de contrapeso y en ocasiones se da con tensiones, pero siempre dentro del marco constitucional.

En las últimas semanas, hemos sido testigos de un intenso debate en México en torno a la reforma del Poder Judicial. Esta discusión se ha intensificado especialmente entre el Legislativo y el Judicial, ya que la reforma busca modernizar y fortalecer la administración de justicia en nuestro país. Como militante de Morena y defensor de esta reforma, creo firmemente que es un paso necesario hacia un sistema judicial más eficiente y accesible. La reforma plantea cambios fundamentales que buscan erradicar la corrupción y la impunidad que han permeado en el sistema judicial. Es esencial que la ciudadanía confíe en la justicia, y para ello necesitamos un Poder Judicial que actúe de manera transparente y ágil. Los recientes intentos de frenar esta reforma por parte de ciertos sectores del Poder Judicial son un claro reflejo de la resistencia al cambio, una resistencia que se ha vuelto un obstáculo para el avance de nuestra democracia. Las interpretaciones tendenciosas, sesgadas y sofistas solo buscan la imposición de un poder sobre otro. La subordinación de poderes no es contra peso, es dominación autoritaria. No nos dejemos engañar, algunos poderosos juzgadores tratan de posicionar un discurso que habla de una supuesta “crisis constitucional” pero lo que estamos viendo es un proceso de tensión institucional, la cual surge necesariamente cuando entra en juego el proceso de contra pesos.

Es momento de que el Legislativo asuma su papel protagónico y respalde la reforma que tanto necesita nuestro sistema judicial. El fortalecimiento del Poder Judicial no solo es una cuestión de eficiencia, sino de legitimidad y de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Defender la reforma judicial es, en última instancia, defender el derecho de todos los mexicanos a acceder a una justicia imparcial y oportuna. Debemos recordar que una democracia saludable se basa en la colaboración y el respeto entre los poderes, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como representantes de un movimiento transformador impulsar estos cambios en beneficio de todos.

La reforma judicial es una oportunidad para reescribir la historia de la justicia en México. No debemos dejarla pasar. Es tiempo de avanzar, y juntos podemos construir un futuro donde el Estado de derecho prevalezca y todos tengamos la certeza de que la justicia está al servicio del pueblo. Reconozco también la entereza de la Dra. Claudia Sheinbaum al defender la voluntad del pueblo de México y no permitir que voces ajenas al interés nacional, se impongan de forma facciosa.

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