P. Sánchez
* Piden reunión con diputados locales para plantear su inconformidad
Defensores de derechos humanos originarios del municipio de Apizaco, exigieron al Poder Legislativo la restitución de 24 artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, mismos que fueron derogados en el año 2003.
El grupo de manifestantes que se apostó a las afueras del edificio que alberga el Congreso local, solicitó a diputados que integran la LXV Legislatura que antes de concluir el presente ejercicio fiscal restituyan esos artículos.
Juan Manuel Sánchez Hernández, uno de los inconformes explicó que son: “24 artículos de la Ley de Responsabilidades Servidores Públicos que buscamos recuperar porque fueron derogados desde el periodo de gobierno de José Antonio Álvarez Lima y reforzado por Sánchez Anaya”.
Sánchez Hernández lamentó que, a 21 años de la supresión de esos artículos, el Congreso local haga caso omiso a su petición, pues en reiteradas ocasiones les han comentado que “fueron trasladados a otra ley, pero no nos dicen a cuál”.
Por ello, este jueves se manifestaron en las inmediaciones del edificio que alberga al Congreso local para exigir a los diputados locales dejar de ser “otra oficina de Poder Ejecutivo” y presentar iniciativas en contra de la corrupción y a favor los defensores de los derechos humanos
“Sabemos que Tlaxcala es uno de los primeros lugares en corrupción, por eso queremos una iniciativa de ley que combata la corrupción, también venimos a presentar una propuesta por escrito para que haya abogados para el pueblo para que defienda al pueblo con un carácter incorruptible, pero nos dicen que hay abogados defensores de oficio, pero no queremos abogados defensores de oficio porque no sirven para nada, queremos abogados del Congreso del Estado que defiendan al pueblo”.
Tras asegurar que no pertenece a ningún grupo político, Sánchez Hernández destacó la importancia de reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para disminuir los trámites burocráticos.
“Un juicio político no puede proceder porque los trámites son muy tardados y ello afecta al pueblo, pero son 24 artículos que le quitaron a la normatividad y que queremos que el Congreso del Estado restituya porque estos fueron derogados en el 2003”.
