M. Hernández

La organización Centro Fray Julián Garcés (CFJG) lanzó un llamado a las autoridades estatales para que garanticen la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y formulación de políticas públicas relacionadas con la protección de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al medio ambiente y el acceso al agua potable.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización recordó que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano fundamental protegido por la Constitución federal, y que es responsabilidad de las autoridades federales y locales garantizar su cumplimiento.

Sin embargo, la CFJG señaló que a pesar de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la degradación de la Cuenca del Alto Atoyac, no se han visto avances significativos en la materia.

Según investigaciones realizadas por científicos y científicas con apoyo del Conahcyt, la situación de contaminación y afectaciones a la salud de la población se ha mantenido igual o incluso ha empeorado en algunos casos.

La organización también expresó su preocupación por el plan del gobierno federal para abordar el problema ambiental, que incluye la construcción de seis plantas de tratamiento y un acueducto de riesgo.

Según la CFJG, este plan no tiene en cuenta el trabajo previo realizado por la comunidad y no prioriza soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación y la restauración del suelo.

La CFJG exigió que el Plan Hídrico Nacional tenga una perspectiva de restauración y que se tome en cuenta la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la Cuenca del Alto Atoyac-Zahuapan.

También demandó que se garantice la participación ciudadana en las decisiones ambientales, de acuerdo con el compromiso firmado por México en el Acuerdo de Escazú.