Pugnan asociaciones por descongelar reforma constitucional en favor de los animales

Redacción

Recientemente, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA), dio a conocer que la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal (SOMEBA), representada por su presidenta, la Dra. Claudia Edwards Patiño, entregó formalmente al Congreso del Estado de Tlaxcala una opinión técnica especializada y dirigida al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Diputado Jaciel González Herrera.

En dicho documento, se respalda de manera fundada, científica y jurídicamente sólida la reforma constitucional local para reconocer a los animales como seres sintientes, prohibir el maltrato animal y establecer obligaciones claras de protección y bienestar a cargo del Estado y los municipios.

La entrega del documento ocurre en un contexto de lo que consideraron es una prolongada falta de dictaminación legislativa, recordando que fue el 20 de febrero de 2025 cuando la diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona presentó una iniciativa de reforma constitucional en la materia, y posteriormente, el 4 de marzo del mismo año la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó una iniciativa con el mismo objetivo.

Ambas iniciativas fueron turnadas a la comisión que preside el Diputado González Herrera y, a la fecha, continúan sin dictamen, pese a haber transcurrido meses desde su presentación.

Las asociaciones advirtieron que el rezago legislativo contraviene lo dispuesto en los artículos 76 y 85 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que establecen plazos y obligaciones claras para el trabajo de las comisiones legislativas.

En su opinión técnica, la SOMEBA expone que la reforma constitucional es jurídicamente necesaria e impostergable para armonizar la Constitución del Estado de Tlaxcala con la reforma federal publicada en diciembre de 2024 a los artículos 3°, 4° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual reconoce la prohibición del maltrato animal, el deber del Estado de garantizar su protección y la incorporación del bienestar animal en los procesos educativos.

El documento advierte que, si bien Tlaxcala cuenta con una Ley de Bienestar Animal, esta resulta insuficiente al carecer del rango constitucional, la fuerza vinculante y la estabilidad normativa que solo una reforma constitucional puede proporcionar.

Desde una perspectiva científica y ética, la opinión técnica acredita que existe consenso amplio y robusto en la etología, la neurociencia y disciplinas afines respecto a la capacidad de los animales para sentir dolor, sufrimiento, miedo y placer. Este consenso justifica plenamente su reconocimiento jurídico como seres sintientes y la correlativa obligación del Estado de prevenir el sufrimiento innecesario y garantizar un trato compasivo, conforme a estándares científicos y éticos internacionalmente aceptados.

En el ámbito social y de política pública, el documento subraya que la protección animal no es un tema accesorio, sino una demanda ciudadana creciente con impactos directos en la prevención de la violencia, la salud pública, la convivencia comunitaria y la protección del medio ambiente.

Asimismo, en la opinión se destaca la necesidad de fortalecer la educación en bienestar animal, la tutela responsable, la coordinación interinstitucional y la capacidad real de sanción a nivel estatal y municipal, como elementos indispensables para una política pública eficaz.

La opinión técnica identifica impactos positivos concretos derivados de la reforma, entre ellos la reducción del maltrato y el abandono animal, el fortalecimiento de la gobernanza institucional, una mayor conciencia social, beneficios en la imagen pública del estado (incluidos efectos positivos en el turismo) y la detección temprana de contextos de violencia familiar.

De igual forma, en el documento se refutan objeciones recurrentes, como los supuestos costos presupuestales o la afectación a tradiciones culturales, demostrando que la reforma permite una implementación progresiva, razonable y una regulación ética de prácticas tradicionales, sin prohibiciones arbitrarias.

Finalmente, el OCPA subrayó que la entrega de esta opinión técnica representa una aportación especializada, independiente y metodológicamente sustentada de la sociedad civil al proceso legislativo; refrendando la existencia de elementos jurídicos, científicos y sociales suficientes para avanzar en la dictaminación de las iniciativas pendientes.