Proponen que mujeres trans gocen de mayor certeza jurídica ante casos de violencia

Aldo Romero

La Diputada independiente, Soraya Noemí Bocardo Phillips, presentó la iniciativa de reforma al Código Penal local para fortalecer la certeza jurídica, orientar adecuadamente la actuación de las autoridades investigadoras y juzgadoras, así como garantizar una protección penal efectiva frente a la violencia de la que son víctimas las mujeres trans.

Dicha reforma al Artículo 229 busca precisar que, para efectos del delito de feminicidio se deberá entender a toda persona que se identifique y viva socialmente como mujer, incluyendo a las mujeres cisgénero y a las mujeres trans, independientemente que cuenten o no con reconocimiento legal de su identidad de género.

Bocardo Phillips explicó que su propuesta no implica la creación de un nuevo tipo penal, ni una ampliación desproporcionada del existente, sino una armonización necesaria que “fortalece la certeza jurídica, orienta adecuadamente la actuación de las autoridades investigadoras y juzgadoras, y garantiza una protección penal efectiva frente a la violencia feminicida”.

Mencionó que la negación jurídica de la identidad de las víctimas reproduce un mensaje institucional que invisibiliza la diversidad de las mujeres y limita el alcance de la justicia.

Destacó que reconocer expresamente a las mujeres trans dentro del derecho penal constituye un paso fundamental para garantizar el acceso efectivo a la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición, enfatizando que en el contexto actual resulta “plenamente aplicable el principio conforme al cual aquello que no se nombra tiende a permanecer excluido”.

En ese sentido, advirtió que mientras la violencia feminicida ejercida contra mujeres trans no se ha reconocido de manera expresa en el ámbito legal, las víctimas continuarán siendo invisibilizadas y los responsables se enfrentarán a mayores niveles de impunidad.

Finalmente, recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, puedan acudir ante las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia frente a actos de violencia o discriminación, no obstante, puntualizó, en la práctica; las mujeres trans enfrentan barreras estructurales que obstaculizan el ejercicio pleno de su derecho a la justicia, mismas que van desde la negación de su identidad en registros oficiales y fallidas actuaciones de investigación ante la ausencia de protocolos de investigación con perspectiva de género e identidad de género, lo cual contribuye a la impunidad y a la revictimización institucional.