Fabiola Márquez
Durante el año 2025, el gobierno estatal otorgó apoyos a cerca de 32 mil personas dedicadas a actividades productivas, mientras que aproximadamente 10 mil solicitudes no pudieron ser atendidas, principalmente por no cumplir con los requisitos administrativos y legales establecidos en las reglas de operación de los programas, se informó en entrevista con autoridades del sector.
De acuerdo con lo explicado, uno de los factores más recurrentes que impidieron el acceso a los apoyos fue la falta de documentación en regla, particularmente en lo relacionado con la acreditación de la propiedad o posesión legal del predio. En varios casos, los solicitantes señalaron que el titular de la tierra había fallecido, sin que se hubiera concluido el proceso legal de sucesión o actualización de la titularidad, situación que impide formalmente la entrega de recursos públicos.
Las autoridades precisaron que, para ser beneficiario, es indispensable que el solicitante acredite legalmente la propiedad del predio o que la solicitud esté debidamente respaldada por documentos oficiales. Este requisito, señalaron, no es discrecional, sino una medida necesaria para garantizar certeza jurídica y evitar irregularidades en la aplicación de los apoyos.
Asimismo, se indicó que cuando se trata de proyectos de mayor envergadura, como la construcción de bodegas, invernaderos o la adquisición de tractores de 70 caballos de fuerza o más, existen candados adicionales y criterios técnicos más estrictos, los cuales buscan asegurar que los recursos públicos se destinen a proyectos viables, productivos y con impacto real en el desarrollo del sector.
Las autoridades reconocieron que estas reglas pueden representar una dificultad para algunos solicitantes; sin embargo, enfatizaron que los lineamientos tienen como objetivo evitar el uso indebido de los recursos, garantizar transparencia y asegurar que los apoyos lleguen a quienes cumplen con los criterios establecidos.
Finalmente, se reiteró que los programas continúan abiertos para todas las personas que cumplan con los requisitos, y que el propósito central de la política de apoyos es servir de manera ordenada, legal y transparente, fortaleciendo al sector productivo sin poner en riesgo la correcta aplicación de los recursos públicos.
