Fabiola Márquez
El vocero de la Coordinación de Comunicación del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, reconoció públicamente que los recientes ataques armados y agresiones contra presidentes municipales, ocurridos en estados vecinos como Puebla y Veracruz, representan un foco de preocupación real para Tlaxcala y un tema permanente de análisis en la mesa estatal de seguridad.
Durante su intervención, Martínez Velázquez admitió que estos hechos aunque no hayan ocurrido dentro del territorio tlaxcalteca sí generan inquietud para el gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, particularmente por el impacto regional y la cercanía geográfica, así como por el aumento de eventos violentos con uso de armas de fuego en zonas colindantes.
El vocero precisó que en el caso del presidente municipal atacado en Puebla, quien resultó lesionado mientras transitaba por territorio poblano, no se presentó denuncia formal por parte de la víctima. Aun así, aseguró que el secretario de Gobierno de Tlaxcala se comunicó directamente con su homólogo en Puebla, a fin de garantizar acompañamiento institucional y coordinación en materia de seguridad.
Respecto al caso de la presidenta municipal agredida durante la madrugada, Martínez Velázquez indicó que sí existe una denuncia formal presentada ante la Fiscalía correspondiente, lo que permitió la apertura de una investigación para determinar si se trató de un ataque directo o de un hecho delictivo circunstancial. En este punto, subrayó que los primeros indicios apuntan a que no habría sido un atentado dirigido, sino un delito ocurrido en una zona de riesgo del estado de Puebla, aunque aclaró que será la autoridad ministerial quien lo determine.
Pese a reconocer la gravedad del contexto, el vocero reiteró uno de los argumentos centrales del gobierno estatal Tlaxcala mantiene la tasa delictiva más baja del país. Sin embargo, aceptó que lo que sí ha cambiado es la composición de los delitos, ya que aunque el número total de eventos es bajo, algunos de ellos presentan características más violentas, particularmente el uso de armas de fuego, lo que genera mayor percepción de inseguridad entre la población.
“Hay menos delitos, pero algunos son más alarmantes”, reconoció implícitamente, al señalar que si bien delitos como el robo de vehículo han disminuido considerablemente, otros hechos como ataques armados aislados provocan un impacto social mayor y requieren una atención prioritaria.
En ese contexto, Martínez Velázquez informó que recientemente la Fiscalía General de la República puso a disposición a una persona en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y cartuchos que excedían los límites legales, lo que evidencia, según dijo, la necesidad de reforzar la coordinación interinstitucional y el seguimiento puntual a estos casos.
El vocero insistió en que el gobierno estatal mantiene coordinación permanente con Puebla y Veracruz, especialmente en casos que involucran a autoridades municipales, y que se han girado instrucciones para brindar acompañamiento de seguridad cuando así se requiera.
No obstante, su discurso dejó entrever una tensión no resuelta , mientras se minimiza la dimensión estructural del problema al insistir en las estadísticas favorables, se reconoce al mismo tiempo que la presencia de armas y la violencia armada sí se han vuelto un “dolor de cabeza” para el gobierno estatal.
Como parte de la estrategia preventiva, Martínez Velázquez destacó los programas de desarme voluntario, tanto federales como estatales, donde las armas pueden intercambiarse por dinero en efectivo o electrodomésticos, además de campañas orientadas a desincentivar la normalización de la violencia, incluso desde la infancia, evitando juguetes bélicos.
