Transporte caro, inseguro y sin competencia: Marco Tulio Munive insiste en meter orden a ATAH y Expresos Xicohténcatl

Fabiola Márquez El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (SMyT), Marco Tulio Munive, aseguró que el Gobierno de Tlaxcala no dará marcha atrás en su intención de regularizar el servicio que prestan las empresas ATAH y Expresos Xicohténcatl en la ruta federal Tlaxcala–Apizaco, señalada por usuarios como cara, deficiente e insegura.

El funcionario fue contundente al reconocer que el servicio actual opera en condiciones de baja calidad, con unidades que no siempre cumplen estándares óptimos, tarifas consideradas onerosas por los pasajeros y sin una competencia real que obligue a mejorar la atención. A ello se suma la percepción de inseguridad y la falta de mecanismos claros de supervisión.

La ruta Tlaxcala–Apizaco es una de las más transitadas del estado, utilizada diariamente por estudiantes, trabajadores y comerciantes. Sin embargo, durante años ha estado concentrada prácticamente en las mismas empresas, lo que, de acuerdo con la autoridad estatal, ha limitado la posibilidad de modernización y mejora sustancial del servicio.

Ante este panorama, el Gobierno del Estado emitió una Declaratoria de Necesidad Pública con el objetivo de abrir la competencia y permitir la entrada de nuevas líneas transportistas. La intención, explicó Munive, es romper con el esquema cerrado que ha prevalecido y generar condiciones que obliguen a elevar la calidad, renovar unidades y ofrecer tarifas más justas.

No obstante, la medida ha sido desestimada por la empresa ATAH, que argumenta que se trata de un tramo federal y, por tanto, cuestiona la competencia del gobierno estatal para intervenir en la regulación del servicio.

Este choque de posturas evidencia un vacío histórico en la regulación del transporte en rutas federales que atraviesan territorio estatal: mientras las empresas se escudan en el carácter federal del tramo, los usuarios quedan en medio de un servicio que, según la propia autoridad local, no cumple con las expectativas mínimas.

Munive sostuvo que la administración estatal actuará dentro del marco jurídico correspondiente y continuará el proceso legal para hacer valer la declaratoria. Aseguró que el objetivo no es confrontar a las empresas, sino garantizar un transporte digno, seguro y eficiente.

Sin embargo, el reto no es menor. Regular una ruta federal implica coordinación con instancias federales y enfrentar posibles litigios de concesionarios que históricamente han operado sin competencia directa. El éxito de esta estrategia dependerá no solo de la voluntad política, sino de la solidez legal de las acciones emprendidas.

Mientras tanto, miles de usuarios siguen utilizando diariamente un servicio que, según el propio diagnóstico oficial, resulta oneroso y de baja calidad. La promesa de modernización está sobre la mesa; falta que la regulación no se quede en discurso y se traduzca en cambios visibles para la ciudadanía.