En Teolocholco, el Reglamento de Tránsito dejó de ser un instrumento de orden para convertirse según denuncias del propio sector en un mecanismo de presión y control.
Bajo la administración de Valentín Meléndez Tecuapacho, el municipio parece transitar por una peligrosa línea donde el poder público y los intereses transportistas se confunden.
Las acusaciones no son menores: concesionarios y operadores señalan que el alcalde, lejos de actuar con imparcialidad, mantiene una postura de confrontación hacia líneas que no forman parte de su organización transportista Teolocholquenses A.C.
La sombra del conflicto de interés es inevitable. Gobernar exige neutralidad; competir desde el poder, no.
En días recientes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal desplegaron operativos contra unidades de Autobuses Puebla, Tlaxcala, Calpulalpan y Anexas S.A. de C.V.
Las revisiones, aseguran afectados, no solo fueron constantes, sino selectivas. Usuarios molestos, operadores intimidados y concesionarios bajo presión forman parte del saldo inmediato.
Pero el problema no termina en los operativos. El propio Reglamento de Tránsito Municipal arrastra cuestionamientos de fondo. En su artículo primero hace referencia a la “Ley de Comunicaciones y Transportes del Municipio de Teolocholco”, una norma inexistente en el marco jurídico local. ¿Cómo puede fundamentarse un reglamento en una ley que no existe?
La improvisación legal no es un detalle menor; es una señal de descuido institucional.A ello se suman errores de redacción, ambigüedades conceptuales y vacíos que debilitan su estructura normativa.
Más grave aún resulta el artículo 47, que permite que el pago de multas se realice en la Tesorería Municipal o en la “oficina alterna que designe el C. Presidente Municipal”.
Esta disposición no solo es cuestionable, sino que abre una puerta amplia a la discrecionalidad y a posibles prácticas irregulares en la recaudación.Que el reglamento haya sido aprobado por el Cabildo y publicado en el Periódico Oficial del Estado no elimina sus inconsistencias ni legitima su aplicación selectiva.
La legalidad formal no sustituye la ética pública.Teolocholco enfrenta hoy una interrogante preocupante: ¿se está utilizando la estructura municipal para ordenar el transporte o para consolidar un control político y económico del sector?
Cuando el poder se ejerce sin equilibrio y la norma se aplica con sesgo, la línea entre autoridad y autoritarismo se vuelve cada vez más delgada.
