Se cuelga medalla ajena: acusan a Benjamín Atonal Conde de bloquear recursos y ahora presumirlos como logro propio

Fabiola Márquez Lo que el alcalde Benjamín Atonal Conde presentó como un “acto de justicia” para las comunidades de Totolac, hoy es señalado por los propios presidentes de comunidad como una maniobra de protagonismo político.

En voz firme, los nueve representantes comunitarios acusaron que el edil fue quien inicialmente votó en contra de que el 10 por ciento del Fondo Estatal Participable llegara íntegro a los pueblos, como lo mandata el artículo 510 del Código Financiero del Estado. Es decir, intentó frenar lo que ahora presume como un triunfo de su administración.

“La ley no es una concesión del presidente municipal”, advirtieron. “No se nos está dando nada; simplemente se está dejando de violar la ley”.

El punto central del conflicto fue la desvinculación del salario de los presidentes de comunidad del recurso que corresponde directamente a los pueblos. Durante años, explicaron, sus retribuciones se descontaban del mismo fondo destinado a obras y servicios comunitarios, reduciendo la capacidad de atención en baches, luminarias, poda o mantenimiento básico.

En sesión de Cabildo, los presidentes y dos regidoras votaron a favor de corregir esa práctica. Sin embargo, aseguran que Atonal Conde, la síndico y cinco regidores se opusieron.

Hoy, tras aprobarse que el recurso llegue sin descuentos lo que representa cerca de 600 mil pesos anuales por comunidad el alcalde aparece públicamente como impulsor del cambio.

“Es lamentable que se utilicen recursos públicos para promover una imagen política con un logro que se intentó frenar”, lanzaron.

Los presidentes también desmintieron versiones que insinuaban que ahora recibirían “dinero extra” o aumentos salariales. Aclararon que su sueldo es independiente y que lo único aprobado fue que ya no se descuente del fondo comunitario.

El trasfondo es claro: control político del presupuesto. Con 56 millones de pesos estimados para el municipio en Fondo Estatal Participable, el 10 por ciento destinado a las comunidades equivale a 5.6 millones de pesos anuales. Antes, ese monto se reducía por el pago de retribuciones; ahora llegará íntegro.

La narrativa oficial, dijeron, intenta vender como gesto generoso lo que en realidad es cumplimiento forzado por mayoría en Cabildo y presión social.

“No es un favor, es una obligación. El presupuesto es del pueblo, no del presidente”, sentenciaron.

Mientras tanto, los presidentes aseguran que presentarán sus proyecciones anuales de gasto y se someterán a fiscalización. El mensaje final fue directo: las comunidades no permitirán que se minimice su lucha ni que se maquille la historia.

En Totolac, el debate ya no es cuánto dinero llega, sino quién quiso impedir que llegara.