Proponen defensa de animales en situación de calle para evitar su sacrificio

Aldo Romero

La Diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips, presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Bienestar Animal para introducir la imagen jurídica de “animal comunitario”, con el objetivo de garantizar la protección de los animales en situación de calle.

Señaló que el reconocimiento de los animales como seres sujetos de derecho constituye el fundamento esencial de cualquier política pública de protección animal.

Explicó que las acciones de las autoridades en materia de protección animal no deben limitarse a medidas reactivas o emergentes, como la captura indiscriminada o el sacrificio, sino que deben orientarse a políticas preventivas y sostenibles, tales como la esterilización masiva, la vacunación, la adopción responsable, la educación ciudadana y la coordinación con asociaciones civiles.

Mencionó que establecer dichas acciones como obligaciones legales permitirá garantizar su continuidad, independientemente de los cambios de administración, y evitará que los animales sean víctimas de decisiones improvisadas o carentes de sustento técnico.

Bocardo Phillips, señaló que actualmente las instancias estatales encargadas del bienestar animal, como la Coordinación de Bienestar Animal (CBA) deben desempeñar un rol rector, articulador y vigilante; sin embargo, alertó que, en la práctica, dichas instituciones operan con atribuciones ambiguas, recursos insuficientes y una limitada capacidad de intervención, lo que pone en riesgo el respeto a los derechos de los animales.

Fue enfática al decir que exterminio de animales, especialmente de aquellos en situación de calle, y los cuales forman parte del tejido de la comunidad, constituye una de las formas más graves de violencia institucional.

Expuso que dichas prácticas, frecuentemente justificadas bajo argumentos de control poblacional o salubridad, revelan una visión obsoleta, ineficaz y profundamente inhumana.

“El exterminio no resuelve los problemas estructurales. relacionados con la sobrepoblación animal, y, por el contrario, genera un ciclo permanente de violencia e insensibilidad social. Además, normaliza la idea de que la vida puede ser eliminada por conveniencia administrativa, lo cual resulta incompatible con los principios de un Estado democrático y de derechos”, declaró.

En ese sentido explicó que la incorporación de la figura jurídica del animal comunitario responde a la necesidad de reconocer una realidad social existente: animales que, aun sin dueño formal, vuelven parte de la dinámica cotidiana de barrios, colonias, mercados, escuelas y centros de trabajo, y que son cuidados de manera constante por personas de la comunidad.

El reconocimiento legal de dicha figura permitirá establecer que lo animales en situación de calle no pueden ser objeto de sacrificio o exterminio, salvo en los casos estrictamente previstos por la ley, lo que garantiza su derecho a permanecer en el entorno donde han desarrollado vínculos sociales, siempre que no representen un riesgo real.

Asimismo, se reconoce a los cuidadores comunitarios como auxiliares en la protección y vigilancia del bienestar animal.